El proyecto que apunta a anular la jubilación vip de los parlamentarios genera controversias en el Poder Legislativo, donde la mayoría de los beneficiarios se resisten a perder el privilegio.
Un legislador que se jubila desde este año percibirá nada menos que G. 27.058.908, una cifra tres veces mayor de lo que perciben los que se jubilaron en el 2008, cuando la jubilación ordinaria era de G. 9.110.992.
La gran diferencia entre ambos montos, que se registra solamente en un lapso de 10 años (dos periodos parlamentarios), es porque los legisladores se autoaumentaron sus salarios, sumando la dieta y los gastos de representación.
Esta situación genera una inequidad no sólo con la ciudadanía en general, sino entre los propios legisladores.
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Actualmente son 270 los jubilados (pasivos), más 6 que retiraron sus aportes, mientras que los aportantes (activos) son 143.
Asimismo, 3 ex parlamentarios siguen aportando a la caja, quienes son denominados afiliados voluntarios y son aquellos que no cumplieron todavía con la edad o los años de aporte.
Entre ellos se encuentra el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, que estuvo por dos periodos como legislador y tiene 52 años. El ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, con un sólo periodo en la sede parlamentaria, también sigue aportando, al igual que el ahora gobernador de Alto Paraguay, José Adorno.
DÉFICIT. La caja fiscal del Congreso Nacional se encuentra en déficit, situación que es paliada por los préstamos que pueden realizar los afiliados y los funcionarios permanentes. Esto se genera debido a que son más los jubilados que los aportantes activos.
Sin embargo, desde el 2004 hasta el 2017, con dinero de los contribuyentes, el Estado paraguayo subsidió con G. 104.000 millones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Congreso. De igual manera, el Estado aporta un 7% a la caja, ya que la ley así lo establece.
La Ley 6112 del fondo de jubilaciones y pensiones para miembros del Poder Legislativo establece que son sujetos con carácter obligatorio, los miembros en ejercicio del Poder Legislativo, los miembros paraguayos del Parlamento del Mercosur, los jubilados y pensionados y con carácter voluntario los que hayan dejado de pertenecer al mismo y opten por continuar como afiliado del fondo.
El aporte mensual obligatorio del afiliado parlamentario es del 20%, sobre el monto de la dieta mensual y los gastos de representación y el aporte mensual del Estado del 7% calculado sobre el monto total de las dietas y gastos de representación.
La diputada encuentrista Kattya González es la que presentó un proyecto de ley que busca eliminar la jubilación privilegiada de los legisladores, teniendo en cuenta que con 10 años de aporte y 55 años de edad ya pueden tener la jubilación extraordinaria.
Sin embargo, la tendencia entre los parlamentarios es eliminar el aporte estatal del 7%, siempre y cuando la caja se pueda mantener sin dicho aporte.
Los legisladores sostienen que no se puede simplemente eliminar la jubilación teniendo en cuenta que son más de 50 las personas que en estos momentos reciben dicho beneficio y que el costo finalmente podría ser mucho más al Estado.
González planteará que la normativa sea analizada por el pleno en 30 días.
