El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó una reprogramación de G. 3.500 millones para la cuestionada jubilación parlamentaria vip. No importaron las críticas ni los cuestionamientos a este infame privilegio que supone que paraguayos y paraguayas, que nunca tendrán acceso a una jubilación, deben pagar con sus impuestos la jubilación de oro de diputados y senadores. Los parlamentarios podrán jubilarse tras apenas diez años, mientras que un trabajador debe aportar 30 años para poder retirarse.
Este es un privilegio sostenido con el esfuerzo de todos los paraguayos y paraguayas, precisamente, a uno de los poderes del Estado que menos credibilidad goza, al que han accedido incluso personas investigadas por la Justicia y que repetidamente han demostrado escaso compromiso e interés con las necesidades del pueblo.
Actualmente, la jubilación parlamentaria alcanza un monto significativo, pues solo 10 legisladores jubilados en el período anterior reciben un total de G. 200 millones mensuales; además de los 85 ex parlamentarios que disfrutan de una jubilación vip con solo 5 años de aporte. De acuerdo a cálculos, esta jubilación vip le podría costar al Estado USD 100 millones cada 15 años, teniendo en cuenta que hay más de un centenar de legisladores que solo aportaron 5 años y están cobrando esa jubilación.
Recordemos el significativo dato de los jugosos salarios que reciben diputados y senadores, un monto mensual que incluye dieta y gastos de representación. Así, a los G. 29.606.840 se les suman G. 3.168.000, lo que da un salario promedio de G. 32.774.840 para la mayoría. Si un parlamentario ocupa la presidencia o vicepresidencia de alguna de las cámaras del Congreso, recibe además gastos de representación. En total son 45 senadores y 80 diputados que reciben estos montos de privilegio.
Frente a esta decisión asumida por el presidente Santiago Peña, observamos la dolorosa y amarga realidad de un país en el que más del 80% de la población no cuenta con una jubilación; exactamente a la inversa de países vecinos, como Uruguay y Argentina, que tienen un 80% de cobertura en cuanto a la protección de los derechos de las personas mayores; otros países de la región, como Brasil, Costa Rica, Perú, Colombia y Chile, tienen coberturas más bajas, pero siempre sobrepasan al vergonzoso dato de Paraguay.
Un detalle que no se puede dejar de considerar es el hecho de que este privilegio ensancha todavía más la gran brecha de desigualdad. Porque mientras diputados y senadores gozan de salarios y jubilaciones millonarias, quienes sostienen el pesado aparato de las instituciones del Estado con sus impuestos deben soportar la continua situación de crisis del Instituto de Previsión Social, que no les provee ni medicamentos ni una atención digna en la salud; además, el trabajador y la trabajadora deben aportar por tres décadas para poder acceder al retiro.
Otro aspecto muy relevante de la situación de desigualdad es el que refiere al anteriormente mencionado 80% de la población que no podrá jubilarse, población que, sin embargo, con sus impuestos debe sostener, además de la Caja jubilatoria vip de los parlamentarios, la deficitaria Caja Fiscal de jubilación de los empleados públicos: Magistrados judiciales, todo el magisterio, docentes universitarios, Fuerzas Armadas y policiales.
El derecho a la seguridad social está garantizado en la propia Constitución Nacional y trabajar porque estén vigentes estas garantías debería ser una de las prioridades de nuestros parlamentarios. Ellos han sido elegidos para legislar en nombre del pueblo; ellos representan a sus electores, por lo que es absolutamente arbitrario autoasignarse privilegios que, además, desangran nuestro Presupuesto de la Nación. Finalmente, socavan también la naturaleza misma del Estado de derecho al promover estas desigualdades.
