Se trata de la jubilación ordinaria que tiene como requisitos la edad de 55 años y haber aportado durante los 180 meses en sus bancas.
Entre ellos están algunos conocidos como “osos blancos” entre los colorados, como es el caso de Bader Rachid Lichi, padre del titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid.
Trascendió que el ex senador promovió una picardía jurídica que consistió en que se puedan equiparar los montos de la jubilación.
Es que la dieta y el gasto de representación era menor, aunque igual bastante superior, en periodos anteriores comparados con el actual.
El monto que percibían los parlamentarios hace un par de periodos sumaba G. 23 millones, en dieta y gasto de representación, y luego ascendió a más de G. 32 millones.
Si se hace un cálculo, los que terminaron el periodo anterior con 15 años en el cargo, con el aporte mensual del 22%, y con el 80% de la jubilación que les corresponde, cobran G. 25 millones.
Los que se jubilaron, tras tres periodos, hasta el 2013, quedaron percibiendo alrededor de G. 18 millones.
En esta lista con el derecho al 80% también está el polémico liberal Alfredo Jaeggli, quien en su momento lideró el ránking de pedidos de pensiones graciables.
También el propio ex vicepresidente de la República Hugo Adalberto Velázquez, quien incluso fue precandidato a la presidencia de la República, y declinó tras ser designado como significativamente corrupto por EEUU.
Figura el liberal Cándido Vera Bejarano, quien tiene también a otro hermano suyo en otra lista de jubilados.
El colorado Carlos Maggi, de cuya estancia había sido incautada cocaína en el 2013.
El colorado Herminio Cáceres, quien aseguraba estar viviendo en un país de maravillas, y el conocido dirigente liberal Domingo Laino.
Además, un ex diputado bastante polémico del PLRA, Édgar Ortiz, y dos ex cancilleres como José Antonio Moreno Ruffinelli, padre del Roberto Ilo Moreno, asesor jurídico del presidente Santiago Peña, y José Félix Fernández Estigarribia.
El ex ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor es otro de los privilegiados con la jubilación del 80%.
Juan José Vázquez integra también la nómina y su esposa, Perla de Vázquez, es otra de las beneficiarias.
Se encuentran también Julio César Yoyito Franco, igual que su esposa, Mirtha Vergara, y el actual titular de Itaipú, Justo Zacarías Irún, quien tiene a su esposa, Rocío Abed, en Diputados, y a su hermano Javier Zacarías Irún, en Senado, con jubilación asegurada.
El ex vicepresidente de la República Óscar Denis se convirtió en un caso sui géneris para la Caja de Jubilados parlamentarios. El mismo también había aportado primero como diputado y luego como senador, volviendo a ser reelecto, y completando así tres periodos, lo que le habilitó a percibir el 80% como parte de su jubilación. Denis había sido secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), justamente hace cuatro años, el 9 de setiembre de 2020. Desde ese momento, y aunque no se tengan novedades sobre su paradero, igual se le mantiene dentro de la lista de los beneficiarios de la jubilación parlamentaria. De acuerdo con las informaciones que se manejan, los fondos que le corresponden al político liberal se mantienen en la Caja, teniendo en cuenta que la familia tiene un embargo judicial de sus bienes, como una manera de evitar una eventual negociación con los criminales. Denis había sido designado como vicepresidente de la República, tras la destitución de Fernando Lugo, vía juicio político por el Congreso, y a cargo de la presidencia quedó Federico Franco. El político concepcionero se había desempeñado también como ministro de Agricultura y Ganadería, y había sido electo como gobernador de su departamento. En cuanto a los antecedentes de su desaparición, el hecho se había dado en su estancia denominada Tranquerita, en Bella Vista Norte. Su camioneta había sido abandonada y dentro del habitáculo se había encontrado un panfleto alusivo al EPP. Su peón, Adelio Mendoza, de origen indígena, también había desaparecido, pero fue liberado días después. Sus captores habían hecho varios condicionamientos y exigencias a la familia para su liberación. Uno de los pedidos fue que se repartan provistas a 40 comunidades por un valor total de USD 2 millones. A eso agregaron que se deje en libertad a Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, ambos en prisión, justamente condenados por secuestro. En el caso de los víveres, la familia había cumplido, pero ya no tuvieron noticias.
