Sin embargo, las personas jubiladas en Paraguay reciben ingresos precarios para el goce pleno de los años que le quedan, apenas alcanza para subsistir.
Al cumplir 55 años de edad y tener 30 años de aporte al IPS, pueden jubilarse con el 80% de su sueldo, en tanto que a los 60 años, pueden retirarse de la vida laboral con el 100% de los ingresos que percibían. En la tercera modalidad, el requisito es haber cumplido 65 años de edad y tener 15 años de aporte para jubilarse con el 60%.
Actualmente son alrededor de 81.500 las personas que reciben estas pensiones contributivas en un país que tiene casi 524.000 adultos de más de 65 años, según el censo poblacional del 2022. Entre los beneficiarios están no solo los jubilados por vejez, sino también por invalidez, los pagos por muerte y otras indemnizaciones.
Aunque existen varias cajas de naturaleza pública, el IPS es la más importante. Tiene alrededor de 1.500.000 asegurados que aspiran a acceder a una jubilación cuando llegue el momento de descansar de la vida laboral, pero las proyecciones pueden espantar.
En su estudio sobre la densidad de cotizaciones a la previsional, la Organización Internacional del Trabajo había estimado que a futuro tan solo un 1,5% cumpliría el requisito de 30 años de aporte entre los 55 y los 59 años de edad, mientras que un 57,3% de los trabajadores no alcanzarán ni siquiera los 15 años de aportes exigidos para jubilarse a los 65 años.
Detrás de estos fríos números están personas y familias con escasa protección social que van hacia una jubilación incierta, mientras que por otro lado están los parlamentarios privilegiados que legislan para sus intereses personales.
A principios de mes, los legisladores sancionaron una jubilación vip para sí mismos con una ampliación en el presupuesto de G. 3.500 millones para la Caja parlamentaria.
A diferencia del resto de la ciudadanía, ellos podrían jubilarse con solo dos periodos de aporte, que representan 10 años de trabajo y con una mayor certeza de que esto realmente ocurrirá.
El proyecto fue impulsado por el cartismo, en medio de cuestionamientos por agravar la brecha de desigualdad con el resto de la población y por establecer un régimen de jubilaciones privilegiadas, como advierte la Mesa Sindical Paraguay.
Es otra iniciativa del oficialismo colorado que pasó para su promulgación a manos del presidente Santiago Peña, quien además tiene que dar la cara por la ley garrote que pretende castigar a las organizaciones sin fines de lucro que son críticas con el Gobierno de turno.
En un intento por otorgarle seriedad a su decisión, derivó la consulta al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien pondrá a prueba una vez más la (falacia de la) tecnocracia.
Irónicamente, el mismo Gobierno intentó ampliar a 10 años el análisis de los salarios para calcular el monto promedio de la jubilación, lo que indefectiblemente implicaría un ingreso inferior a lo que actualmente cobran las personas jubiladas.
¿Y quiénes no se jubilan? De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), en el segundo trimestre de este 2024, de las 2.364.755 personas ocupadas, casi el 63% se desempeña en la informalidad. Esto quiere decir que no cotizan al sistema de jubilación pensión y tampoco están inscriptos en el RUC. El mismo informe del Instituto Nacional de Estadística muestra que el ingreso promedio de estas personas no alcanza siquiera los G. 2.800.000.
Los cartistas dan la espalda a estas realidades y en vez de implementar políticas públicas para corregirlas, deciden aumentar sus privilegios.
