El último censo de población proporciona nueva información que hace aún más preocupante el escenario jubilatorio al mostrar el rápido aumento del envejecimiento y la reducción del periodo de bono demográfico que aún tenemos.
Un contexto que combina problemas de sostenibilidad y exclusiones en el presente con una rápida transición demográfica obliga a plantear un amplio debate sobre los lineamientos que deben regir en una reforma estructural del sistema de jubilaciones.
Recientemente, además, se amplió la cobertura de la pensión alimentaria para personas mayores, lo cual implicará un enorme gasto a nivel macroeconómico con una transferencia mínima para las personas que no garantiza calidad de vida. La jubilación y la pensión alimentaria van por caminos separados, lo que se puede generar un desincentivo para el sistema contributivo.
Si a estos factores se suman los propios de un sistema jubilatorio que ha sido creado a partir de más de 10 leyes que fragmentaron y segmentaron el sistema, generando desigualdades y exclusiones con fuertes señales de insostenibilidad financiera en la actualidad.
Frente a esta situación, se están proponiendo soluciones parciales que no resolverán la crisis, solo trasladarán el problema al siguiente gobierno y, lo que es peor, trasladarán los costos de la mala gestión nuevamente a los trabajadores.
El trabajo en Paraguay es castigado permanente y sistemáticamente. Los bajos ingresos laborales, la falta de transporte público para garantizar una movilidad adecuada, las malas condiciones en el lugar de trabajo, se agregan a la exclusión de la seguridad social. Las propuestas actuales terminarán afectando nuevamente a los trabajadores sin que se resuelvan los problemas de base.
Algunos de los países de la región llegaron a una cobertura del 80%, lo cual genera mayores oportunidades de sostenibilidad financiera, más aún en un país como Paraguay, que todavía está en periodo de bono demográfico. En Paraguay, la cobertura está en alrededor del 20%. Sin un esfuerzo por aumentar la cobertura, la solución será de corto plazo y la crisis se profundizará. Para cuando se quieran implementar los cambios que verdaderamente se necesitan ya será tarde.
El Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas están pagando altos sueldos y bonificaciones a muchos funcionarios que deberían estar proponiendo soluciones reales que enfrenten el problema desde su raíz y garanticen respuestas de largo plazo.
El derecho a la seguridad social está garantizado por la Constitución, pero su diseño debe responder a la realidad y las exigencias y velocidad de los cambios sociales. La política de seguridad social debe diseñarse para incluir a toda la población adulta de manera que en la vejez, el país cuente con un mecanismo sólido para garantizar una jubilación para la mayoría y en el largo plazo –al menos 30 años por delante–.
El debate sobre la reforma del sistema debe ser un esfuerzo colectivo que debe darse a través del diálogo y la negociación con toda la sociedad. Debe ser liderado por autoridades con compromiso con el bienestar de la población y con una propuesta que contenga opciones de reformas, de manera que sea posible lograr un acuerdo concertado entre todos los involucrados. Los trabajadores no pueden ser siempre los perjudicados por la mala y tardía gestión de las autoridades.
