Además de eso, la víctima remarcó que la abogada Lourdes Aranda, que le inició el juicio ejecutorio, es una de las imputadas en la causa que se investiga a una rosca mafiosa conformada por jueces de Paz, funcionarios judiciales, abogados y propietarios de comercios, que ejecutaban embargos a asalariados con demandas que iniciaban con pagarés ya cancelados o de contenido falso.
Al respecto, Bernadet Torres relató que hace cuatro meses denunció ante la Fiscalía su caso, pero la investigación no avanza y los descuentos compulsivos a su salario siguen de manera mensual, generándole un perjuicio enorme.
Con mucho esfuerzo y dedicación a su labor alcanzó la jubilación en setiembre del 2017, pensando que por fin podría descansar, pero desde noviembre de 2023 vive el calvario de ser una de las tantas víctimas de la mafia de los pagarés. “Yo me retiré de Clínicas sin deudas, ahora me encuentro con un descuento de G. 1.450.000; de mi jubilación me quedan unos G. 1.600.000, compro mis medicamentos y ya no me queda. Ni para el pasaje me alcanza. Cuando debo ir a Asunción tengo que prestar para mi pasaje. Pido socorro por eso”, manifestó.
La mujer asegura que no tenía deuda alguna, puesto que el descuento de lo que adquieran de una suerte de despensa, era automático. Aún así en 2018 se presentó ante la abogada de quien la demandó, Lourdes Aranda, y abonó por una supuesta deuda de poco más de G. 3 millones y la misma le entregó una constancia. Lo que no le informó es que continuaría con la acción judicial en su contra y que continuarían con la demanda inicialmente de G. 9.615.298. Sin embargo, recientemente, se constató que el embargo es por la suma de 41.163.052 guaraníes, según la notificación de embargo y el reporte del Ministerio de Economía, respectivamente.
Luciana no firmó ningún pagaré, no pudo defenderse, pero fraguaron un pagaré con su firma falsa y con ello desde hace un año y cuatro meses le sacan el fruto de su esfuerzo de toda la vida.