Ante lo que consideran una falta de resultados por parte de las autoridades locales, un grupo de jubilados bancarios decidió presentar una nota ante la Embajada de los EEUU en Paraguay para poner a consideración de los representantes diplomáticos la situación de la Caja Bancaria, cuyos principales directivos son señalados por supuestas irregularidades.
El escrito hace referencia a indicios de un delito precedente de lavado de dinero y habla de una “grave situación de corrupción pública” e inclusive “terrorismo financiero”, con cifras de carácter multimillonario involucradas. De acuerdo con los denunciantes, ni la Justicia ni las instituciones locales gozan de suficiente credibilidad para resolver el caso.
“Presentamos un dossier vía correo nacional a la Embajada (de los Estados Unidos), con contenido de todo lo que está ocurriendo en la Caja Bancaria, y el blanqueamiento que se está dando en todas las denuncias realizadas”, señalaron los jubilados, cuyos nombres son resguardados por este medio para evitar represalias en su contra.
Indicaron que la Fiscalía desestimó la mayoría de las denuncias de irregularidades pese a que muchas de ellas se basan en “informes lapidarios”, emitidos desde instituciones como la Contraloría General de la República. A su vez, se hicieron también reclamos respecto a lo sucedido ante el Banco Central del Paraguay (BCP), el Congreso Nacional, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), entre otros, manifestaron.
Desfalco. Una de las denuncias que afectan a los directivos de la previsional guarda relación con una causa abierta por supuesta lesión de confianza en perjuicio de la entidad, por un monto de más de G. 2 billones, conforme con la imputación de la fiscala Stella Marys Cano.
Los encausados –según los antecedentes– son el actual presidente de la Caja Bancaria, José Antonio Caballero Bobadilla; además de los miembros Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera.
Los mismos fueron beneficiados en su momento con el sobreseimiento provisional en la causa, pero la Fiscalía debe determinar hoy si requiere la reapertura de la causa o si solicita el sobreseimiento definitivo de Caballero y los demás.
La causa en cuestión data del año 2019. La defensa de los directivos de la Caja Bancaria asegura que no hubo daño patrimonial alguno y presentó a lo largo del proceso diversas acciones, incluyendo un pedido de nulidad del acta de la imputación y de la providencia que admite la imputación, entre otros. Sin embargo, el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, ratificó en su momento la validez de las imputaciones del Ministerio Público.
La Cifra
2 billones de guaraníes es lo que fue supuestamente desfalcado en la Caja Bancaria, según imputación de la fiscala Stella Cano.
