La iniciativa tiene origen en la crisis de la deuda que enfrenta el mundo y sus consecuencias en “la miseria y la angustia, y privando a millones de personas de la posibilidad de un futuro digno”.
El endeudamiento del Sur Global y la propuesta Papal
El Papa pide la creación “de un mecanismo multinacional, basado en la solidaridad y la armonía de los pueblos”. “A los pueblos no les sirve cualquier forma de financiación, sino aquella que implica una responsabilidad compartida entre quien la recibe y quien la otorga. El beneficio que ésta pueda aportar a una sociedad depende de sus condiciones, de cómo se use y de los marcos en los que se resuelvan las crisis de las deudas que puedan producirse”.
La necesidad de un mecanismo multinacional en el que se debatan los temas relacionados a la deuda pública cuestionan los mecanismos actuales centrados en la protección de los beneficios de los prestamistas a costa de la protección a las personas en los países.
El análisis de la sostenibilidad de la deuda, las reglas fiscales, las calificaciones de las agencias de calificación crediticia se preocupan más por los riesgos y oportunidades para los prestamistas que por las consecuencias que generan la pobreza, la falta de recursos en servicios básicos como la salud, la educación, el agua potable o la vivienda.
El interés por garantizar el pago de las deudas a corto plazo opaca las consecuencias intergeneracionales a largo plazo para quienes deberán pagar las mismas en el futuro. Si el pago de la deuda es a costa de las inversiones en salud y educación se compromete el capital humano de los niños y niñas que heredarán esta obligación en su adultez.
Los documentos emitidos desde el Vaticano señalan que para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París será necesario un aumento importante de las inversiones públicas en todos los países en tres áreas críticas: Desarrollo humano integral –salud, educación y nutrición–; sistemas industriales y energéticos sin emisiones de carbono; e infraestructura sostenible –agua potable y saneamiento, sistemas de transporte público, vivienda social y protección social–. Estas inversiones públicas, a su vez, respaldarán el rápido desarrollo del sector privado y la economía del cuidado, con las condiciones para el trabajo decente.
La demanda de una reforma de la arquitectura financiera internacional no es una novedad. La crisis de 2008 ya evidenció los graves problemas de regulación del sistema global, ya que la misma devino justamente de la ausencia de mecanismos que protegieran a las personas.
Una infinidad de estudios académicos han demostrado que los costos de dicha crisis fueron transferidas a las familias –a través de las pérdidas de sus viviendas y fuertes recortes en los sistemas jubilatorios– y a los gobiernos con más deuda pública. Las agencias de calificación crediticia solo pagaron multas por sus errores en sus análisis de riesgos y el sistema financiero no enfrentó grandes pérdidas.
Las bases de la propuesta papal fueron analizadas durante más de un año en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales (PASS) que congregó a un grupo de expertos académicos en finanzas, profesionales, ministros de finanzas, formuladores de políticas, autoridades de instituciones financieras internacionales, líderes religiosos y expertos de organizaciones de la sociedad civil.
Paraguay y sus propias deudas
Paraguay no puede permanecer ajeno a este debate. Si bien la campaña liderada por el Papa se dirige particularmente a los países del Sur Global de ingresos bajos y altamente endeudados, el debate sobre la reforma de la arquitectura financiera internacional se sustenta en principios éticos que involucran a todos los países del mundo.
Por otro lado, Paraguay está entre los países de ingreso medio-alto según el Banco Mundial desde 2014 debido al aumento del Producto Interno Bruto (PIB) que se tradujo en un crecimiento paralelo del Ingreso Nacional Bruto (INB); sin embargo, este desempeño que resulta auspicioso a nivel macroeconómico no se “derrama” en la misma proporción en los hogares y familias por dos razones: La concentración de la riqueza (los promedios siempre son engañosos) y el modelo de crecimiento económico no se tradujo en oportunidades económicas de calidad –productividad, seguridad social, ingresos altos y estables, capital social–.
Entre 2023 y 2024 hemos llegado a un momento crítico. El pago del servicio de la deuda ya supera el gasto en salud y el ratio deuda/PIB llegó al límite según varios organismos internacionales. A esto se suma la baja prioridad fiscal de la educación y la inequidad del sistema tributario. Quienes pagan la deuda pública acumulan una deuda social. El Estado no les ha proporcionado los instrumentos para garantizar un desempeño en el mercado laboral, a la vez que con sus impuestos indirectos contribuyen a pagar la deuda.
El avance de Paraguay se estancó en niveles relativamente bajos si se consideran las coberturas y calidad de la educación y de otros servicios públicos como energía eléctrica, agua potable y saneamiento básico, los niveles de pobreza monetaria y multidimensional, la cobertura y prestaciones de la protección social. Estas condiciones no solo afectan a la calidad de vida de las personas, sino también a la capacidad productiva, ya que la mayor parte de la población adulta trabaja por cuenta propia en condiciones sumamente precarias.
La persistencia de altos niveles de desigualdades –económicas, territoriales, étnicas, y de género– es otro de los factores que dan la alarma sobre nuestro desempeño económico.
El pago de la deuda afectará la calidad de vida de la población. Debido a la baja e inequitativa presión tributaria, los compromisos internacionales serán asumidos con la “austeridad” en los servicios públicos imprescindibles para la mayoría. Paraguay no puede estar ajeno al debate y a las demandas internacionales sobre la reforma de la arquitectura financiera internacional.
Fuentes: https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2024/june/documents/20240605-incontro-pas.html
https://www.pass.va/en/events/2024/debt_crisis/final_statement.html
