En una visita realizada a la Dirección de la Policía Nacional del Departamento de Ñeembucú, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, habló sobre la decisión de racionalizar las guardias privadas de la Policía Nacional. Explicó que aún queda pendiente de revisión el caso del personal policial enviado a casas particulares, designado por mandatos judiciales o fiscales.
Al respecto, Villamayor comentó que mantuvo una reunión con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, de manera a organizar el sistema de seguridad. “Resulta que hay jueces que instalan guardias privadas como un negocio particular de los magistrados y eso resulta inadmisible”, manifestó.
“Tengo un juez en Hernandarias que estableció guardia privada en el Departamento de San Pedro, eso es una aberración jurisdiccional. Estos hechos están a conocimiento de la Corte y estamos esperando que ellos tomen las medidas en el caso”, denunció.
Asimismo, indicó que la semana entrante se reunirá con la fiscala general de Estado, Sandra Quiñónez, con el objetivo de ponerla al tanto de dicha inquietud, informó el periodista de Última Hora, Juan José Brull.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“Necesitamos el personal en la vía pública protegiendo a la gente y no convirtiéndose en chofer y lava autos de sectores más poderosos”, dijo.
Sostuvo que el personal que se encuentra en casas particulares haciendo tareas domésticas fue designado argumentando la necesidad de personal para seguridad.
“Si quieren alguien que les lave el auto, que consigan alguien que les lave, la Policía no está para eso; pero ese personal está ahí por un mandato judicial, no esta por decisión de la institución”, indicó.
Por otra parte, mencionó que “hay un mandato legal de protección a la autoridad, a los parlamentarios y los gobernadores, en consecuencia, está dentro del mandato de la ley la protección”.
No obstante, señaló que, de manera a racionalizar la seguridad pública se adjudicó un número fijo a la Cámara de Diputados, otro a la Cámara de Senadores, mientras que la distribución interna se encuentra a cargo del presidente del Poder Legislativo.
“De modo tal que lo que antes hacía la Policía ya no lo haga, sencillamente adjudica un determinado número a los parlamentarios y son los parlamentarios los que deben de controlar el uso de ese recurso humano”, agregó.
