La querella fue presentada el último día hábil, ya con la acusación, por el abogado Carlos Arévalos en representación del arquitecto Julio Mendoza Yampey, representante legal de la firma M&T SA. La querella había señalado que la empresa es una constructora que ganó varias licitaciones a mediados del 2016, pero no pudieron cobrar varios trabajos, por lo que, por las deudas, acudió a Ramón González Daher.
Afirma que el presidente de la empresa, Julio Adolfo Mendoza, realizó préstamos a González Daher entre el 2016 y 2017 por G. 21.230.400.000, pero la empresa se endeudó con el acusado por G. 42.744 millones. Es más, apuntan que pagaron G. 23.000 millones, pero que el prestamista reclamó otros G. 19.000 millones más.
La acusación que promovió presenta testigos, además de las pruebas documentales contra los dos procesados en la causa. Finalmente, pide juicio oral y público.
JUEZ. El magistrado apuntó que, tras el análisis de la documentación presentada por la querella, finalmente admitió la acción de parte de la firma M&T SA, en contra de los dos acusados.
Con ello, los mismos estarán presentes en la audiencia preliminar que debe fijarse en la causa.
No obstante, hasta el momento, no pudo fijarse la preliminar, debido a que el Juzgado ahora controla toda la documentación que presentó la Fiscalía juntamente con sus carpetas fiscales.
Según informaron en el Juzgado, son unos 37 tomos, entre ellos 25 biblioratos, 9 anillados y 3 planillas, que son revisados uno por uno antes de aceptar recibir formalmente los documentos presentados por el Ministerio Público.
Una vez que reciban toda la documentación, finalmente, se pondrá a disposición de las defensas todos los documentos, para luego fijar la audiencia preliminar, donde deberá estudiarse tanto la acusación del fiscal como la de la querella adhesiva.
Al ser consultado sobre si podría haber una salida alternativa, el juez señaló que en caso de haber un acuerdo y reparación del daño con el querellante, la defensa podría pedir la extinción de la acción penal.
Esto, teniendo en cuenta que se trata de hechos punibles que admiten un acuerdo, ya que se habla de un daño patrimonial. No obstante, aún quedaría el delito de presunto lavado de dinero para ambos.