El juez en lo Civil José Guillermo Trovato intimó por 24 horas al Instituto de Previsión Social (IPS) para que presente los documentos faltantes requeridos por la Contraloría General de la República (CGR), informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
En caso de incumplir, los responsables se exponen a una pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa.
José Luis Urizar, gerente de Administración del IPS, sostuvo que es imposible cumplir con los requerimientos en el plazo establecido por el magistrado y señaló que necesitan al menos tres meses para reunir toda la documentación.
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“En 24 horas no se va a cortar ningún servicio, pero en el transcurso del tiempo sí, porque tenemos que realizar pagos de servicios este fin de mes y si no tenemos los expedientes originales no los vamos a poder realizar (si remiten las documentaciones en el tiempo establecido)”, detalló el funcionario.
Asimismo, aseguró que toda la información está a disposición de la Contraloría e indicó que un equipo jurídico analizará la situación y planteará a las autoridades superiores presentar algún tipo de recurso o presentar las documentaciones originales.
“Hago la salvedad de que si presentamos la documentación original, todo eso va a quedar bajo responsabilidad del juzgado y el IPS no va a poder operar en los siguientes meses”, explicó.
Las solicitudes al IPS se realizaron entre el 15 y 18 de noviembre del año pasado a raíz de una auditoría de Fiscalización Especial Inmediata (FEI) de la Contraloría.
En ese entonces, la previsional debía responder en cinco días hábiles y solo remitió los informes de manera parcial. Sin embargo, solicitaron una prórroga con algunos informes y tampoco cumplieron con la entrega de los documentos faltantes, cuyo pedido se reiteró el 18 de enero pasado, según la Contraloría.
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La medida judicial en carácter de urgencia se presentó este miércoles en el Poder Judicial ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Turno.
La Contraloría audita el pasivo al sector farmacéutico, debido a la presión de la previsional para contraer millonarios préstamos para amortizar la deuda.
Exigen al IPS la remisión de los documentos con relación a la millonaria deuda en el marco de una fiscalización del uso de los préstamos, amparados en la legislación conocida como Ley Samaniego, cuya legitimidad es cuestionada por organizaciones y sindicatos.
Copias de contratos, órdenes de compras, facturas, recibos y otros documentos que autorizan el compromiso entre el IPS y la empresa proveedora son algunos de los papeles que se solicitan con relación a la deuda.
Además, nota de remisión, acta de entrega y recepción que certifiquen la entrega de bienes y servicios, copia de las cuentas que registran los saldos a pagar a los proveedores al 31 de octubre del 2022. También, piden la nómina de proveedores que ya recibieron el pago con los fondos de los préstamos.
El pedido sigue con que incluyan la copia del acta del Consejo de Administración que aprueba la priorización del pago a los proveedores y los criterios aplicados, junto con el libro de asistencia a las sesiones.
