El juez de San Lorenzo Gustavo Bóveda otorgó el arresto domiciliario a María del Carmen Martínez, apodada como Comepapeles. Ella era directora de Recursos Humanos del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), procesada por intentar ocultar evidencias de presuntos hechos de corrupción.
Martínez guardaba reclusión en la cárcel de mujeres El Buen Pastor bajo cargos de hurto agravado y frustración de la persecución y ejecución penal, junto a Luz Marina Aquino Ramírez y Leticia Isabel Deggeller Martínez, también funcionarias de Recursos Humanos del Rectorado.
Su defensa planteó una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la cual pidió el arresto domiciliario de Martínez y a cambio ofreció una fianza personal de G. 800 millones de su abogado, José Domingo Almada, y una fianza real de inmuebles valorados en G. 400 millones, además de la prohibición de salida del país y de acercarse al Rectorado, a coimputados y a testigos de la causa.
Finalmente, el magistrado dictó estas medidas. El juez Bóveda confirmó ayer que la Fiscalía no estuvo presente en la última audiencia de revisión de medidas de María del Carmen Martínez.
Días atrás, también fue beneficiada con medidas alternativas a la prisión Luz María Aquino, por un fallo del Tribunal de Apelaciones de San Lorenzo, compuesto por los camaristas Lourdes Cardozo, María Teresa González de Daniel y Fabriciano Villalba, que revocó un fallo de primera instancia que confirmó su prisión preventiva.
Las tres funcionarias habían ingresado a la cárcel el sábado 26 de setiembre, luego de ser imputadas por el fiscal Gerardo Mosqueira, quien actualmente está recusado en la causa.
El fiscal interino en la investigación es Julio Ortiz, quien explicó ayer que en audiencias de revisión de medidas anteriores había solicitado que se mantenga la medida de prisión preventiva para María del Carmen.
Esta última está imputada en otra causa por supuestamente hacer figurar como funcionarios de la Facultad de Veterinaria de la UNA a dos empleados de su granja particular en la ciudad de Eusebio Ayala. En este caso, Martínez fue imputada por apropiación y estafa.