A raíz de estos graves indicios de supuesto tráfico de influencias y de cohecho pasivo agravado, el magistrado remitió un informe de 38 páginas a la Fiscalía, con las impresiones de pantalla de los chats del WhatsApp extraídos del teléfono del legislador fallecido el año pasado.
El magistrado explicó que las conversaciones mantenidas por el diputado fallecido con los altos funcionarios podrían constituir hechos punibles, por lo que como autoridad pública tiene la obligación de denunciar, y solicita la apertura de una causa penal para la investigación.
“Ya el año pasado habíamos ordenado la extracción de datos de varios aparatos celulares e informáticos y, a partir del resultado de ello, como es facultad única y exclusiva del juez el ver la extinción del contenido, se han encontrado ciertos mensajes que guardan relación con hechos punibles de corrupción pública”, explicó Legal.
Afirmó que realizó una denuncia ante el Ministerio Público para que se pueda investigar la conducta de los involucrados. “Lo que nosotros remitimos son unas capturas de pantalla de la extracción, como para que ellos tengan un indicio primario y posteriormente esta judicatura se pone a disposición del agente fiscal que sea competente”, agregó.
Al ser consultado sobre el contenido de las conversaciones, sostuvo que “había ciertos pedidos y favores, y ese tipo de cosas; hay posibilidades de hechos como soborno o cohecho, pero eso ya formará parte del trabajo de los investigadores”, indicó.
LOS CHATS. Una de las conversaciones es del 21 de febrero de 2022, cuando la jueza Sadi Estela López solicitó al diputado que interceda ante las autoridades del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en la causa en la que fue denunciada por mal desempeño de sus funciones. Le solicitó que el caso pase a “autos de sentencia”.
Llamativamente, el 6 de abril de ese año, la jueza fue absuelta por el JEM por no encontrarse pruebas en su contra.
Después también hay conversaciones de Lalo, donde le consulta sobre una médica imputada, Alice Soares. La jueza le contesta que la fiscala pidió prisión, pero la dejaría en la comisaría.
Con relación a la fiscala Katia Uemura y el diputado Arévalo, vicepresidente del JEM, Lalo intercedió para que la denuncia sobre presuntos nexos con el esquema del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão se pueda desestimar. Al final, también la absolvieron en diciembre de 2023.
Sobre Arévalo, hay un depósito de Gomes de G. 10.000.000 a la cuenta de su colega. Además, el miembro del JEM le envía fotos de cheques de pago diferido, dos de G. 21.000.000 y uno de G. 160.000.000, a ser abonados de octubre a diciembre del 2023.
