El juez de Garantías, Mirko Valinotti, se opuso al pedido de la Fiscalía de desestimar la causa contra los médicos del Instituto de Previsión Social (IPS), por la amputación equivocada de una de sus piernas a un paciente de 78 años.
El pedido fue de las fiscalas María Luján Estigarribia, María José Abed y Claudia Aguilera, que concluyeron que no se configura el hecho punible de lesión grave.
Ahora, es la Fiscalía General del Estado la que deberá ratificar el pedido de las fiscalas, o, en su caso, ordenar que continúe la pesquisa.
En la investigación, si bien la carátula está como Hugo Aníbal Cáceres Quiñónez sobre lesión grave, en el pedido fiscal aparecen los médicos investigados como: “Dr. Gustavo Cabrera, Dr. Martínez y Dr. Alder Giménez” (sic). Es decir, la fiscalía ni siquiera aclaró exactamente quiénes eran los intervinientes, ya que uno aparece sin nombre.
DENUNCIA. En el caso, el 9 de julio del 2022, a las 14:30, en el área de urgencias del Hospital Central del IPS, Ramón Samudio Jara, de 78 años, ingresó a cirugía para la amputación de la pierna derecha porque tenía una trombosis.
El 10 de julio, a las 12:30, su hija, Blanca Samudio, entró a ver a su padre y se percató de que le amputaron la pierna izquierda y no la derecha.
La mujer pidió hablar con el médico de guardia, Mario Ortiz, y este le dijo que debía ir con el coordinador y pedir informe. Luego, le negaron la entrada a ver al padre, porque dio positivo al Covid-19.
Además, los médicos le dijeron que debían amputar la pierna derecha, que luego se realizó. Los familiares no fueron consultados para amputar la pierna izquierda.
Tras la denuncia, las fiscalas se constituyeron en el Hospital Central, para retirar los antecedentes médicos. Después, para retirar los miembros amputados, que se sometieron a un estudio anatomopatológico.
Las fiscalas señalan que en el cuaderno de cirugía aparecen como intervinientes, los médicos “Dr. Gustavo Cabrera, Dr. Martínez y Dr. Alder Giménez”, a más de los anestesiólogos y licenciados.
El informe de auditoría señala que no se cumplió el protocolo de cirugía segura, no se cumplió el protocolo de servicio de anestesiología, los médicos dicen que no conocían los protocolos de cirugía segura.
También, se constata acto quirúrgico cruento y cambio de conducta quirúrgica. No se comunicó a los familiares el cambio de la decisión de la cirugía, y no se consignaron los datos completos del paciente en el expediente.
La Fiscalía refiere que se dispuso una Junta Médica realizada por los profesionales César Elizeche, José Andrada, Ricardo Vera Fernández, Alder Mendoza, Marcelo Villalba y Pablo Lemir.
La misma concluyó que no había posibilidad de reestablecer el flujo sanguíneo en ambas piernas, por lo que se debían realizar las amputaciones. Además, que la operación no era de extrema urgencia como para no avisar antes a los familiares, para pedir el consentimiento.
También que si no se realizaba la amputación de ambas piernas, el paciente corría el riesgo de morir.
Dicen que, si bien se amputó la pierna equivocada, era un procedimiento que debía hacerse para salvar la vida, lo que es conocido como estado de necesidad.
Así, alegan que no hubo hecho punible, en todo caso es una acción privada, y piden la desestimación. El juez se opuso, y ahora será el fiscal general quien deberá ratificar o pedir lo que corresponda.
Como dato adicional, el plazo para plantear una acción privada es de 6 meses.
