01 ene. 2025

Jueza dicta arresto domiciliario para Hugo Javier

Un juzgado de San Lorenzo dispuso el arresto domiciliario para el gobernador de Central, Hugo Javier González, quien está procesado por el presunto uso irregular de fondos Covid-19 destinados a la Gobernación.

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En la mira. Hugo Javier (Central) se salvó de la intervención gracias al apoyo de colorados en la Cámara de Diputados

Foto: Archivo

Tras la audiencia de imposición de medidas para el político cartista, la jueza María Elena Cañete determinó el arresto domiciliaria para Hugo Javier, quien ofreció un inmueble como fianza, según informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.

La magistrada aseguró que se consideró que en este caso no hay peligro de obstrucción, pero sí peligro de fuga. “Le di un arresto domiciliario para precautelar la causa”, refirió.

La jueza dijo en contacto con Telefuturo que la Fiscalía pidió, inicialmente, que el mismo no pueda acercarse a la Gobernación, pero en la audiencia de hoy dejaron sin efectos esa pretensión.

La jueza María Elena Cañete explicó que no está en sus atribuciones determinar si el gobernador podrá seguir o no en sus funciones en atención a que este no podrá acercarse a la Gobernación.

Con el arresto domiciliario, además se produjo el embargo de un inmueble valuado en G. 1.500 millones, propuesto por la defensa.

El gobernador del Departamento Central está imputado por los delitos de lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos.

Lea más: Hugo Javier asegura que “jamás va a renunciar” a la Gobernación

El político fue imputado con otras 14 personas por el supuesto uso irregular del dinero de la Gobernación que debía destinarse a obras en la lucha contra el Covid-19. Los recursos fueron destinados a organizaciones que debían realizar los trabajos, pero se presume que gran parte del dinero habría parado en manos extrañas.

Sobre el caso

El caso salió a luz tras la publicación de la rendición de cuentas de la Gobernación sobre los fondos Covid y la averiguación de los datos por parte de dos concejales liberales.

La causa fue abierta tras varios meses de realizarse la denuncia presentada por los concejales departamentales, en junio del 2021.

El pasado 8 de julio, la Secretaría Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) presentaron una denuncia por la falsificación de facturas y otras inconsistencias halladas en la rendición de cuentas de la Gobernación.

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