La jueza Letizia Paredes rechazó ayer el pedido de nulidad de la imputación en contra del diputado Tomás Rivas, procesado por el caso de los supuestos caseros pagados por el Congreso, a raíz de la investigación de ÚH.
Los defensores del legislador, los abogados Jorge Bogarín y Patricia Vitale, sostuvieron que la fiscalía no informó a la Cámara de Diputados del inicio de la investigación en contra del congresista.
Con ello, apuntan que la imputación era nula, ya que se violaba el primer párrafo del Artículo 328 del Código Procesal Penal.
El fiscal Luis Lionel Piñánez se había opuesto al pedido, teniendo en cuenta que se cumplieron con todos los requisitos.
Al analizar la cuestión, la jueza señaló que si bien la primera parte del citado artículo decía eso, la segunda parte de la misma normativa señalaba que el juez de Garantías era el encargo de la comunicación al Congreso.
Además, la misma Constitución señalaba que el juez era el que debía hacer la comunicación del proceso. Con ello, dice la jueza que se cumplieron con los requisitos legales.
La magistrada señaló que no se violó el derecho a la defensa del encausado, ya que desde antes de la admisión de la causa por la jueza, la defensa ya planteó todos los recursos en su contra.
También, con respecto a la imputación, se tiene que existe un relato de los hechos, las supuestas conductas punibles y el tiempo de investigación, con lo que se cumplen los requisitos.
De esta manera, la magistrada rechazó el pedido de anular la imputación.
RECURSO. La resolución fue notificada el mismo día a la defensa del procesado diputado Tomás Rivas.
Lo más probable es que el fallo sea apelado, de modo a que los camaristas revisen la decisión de la jueza Paredes.
Hasta que la resolución no esté firme; es decir, que no exista posibilidad de recurso alguno, no se puede citar al legislador para la imposición de medidas cautelares.
Justamente por este motivo es que durante la semana se había suspendido la cita para Rivas, para la audiencia de imposición de medidas cautelares. En la causa, además del diputado Rivas, están procesados Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González.
Se habla de la presunta comisión de los delitos de estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Para los tres ya existe acusación del representante del Ministerio Público, quien solicitó elevar la causa a juicio oral y público.
Sin embargo, hasta el momento, no se pudo realizar la audiencia preliminar en contra de los mismos.