El hábeas corpus presentado por la defensa del diputado colorado Miguel Cuevas para evitar ir a la cárcel fue rechazado in límine, es decir, sin siquiera ser estudiado, por la jueza Clara Ruiz Díaz.
Con esto, van acabándose los recursos legales planteados por el legislador para zafar de la prisión preventiva. El diputado fue imputado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y tráfico de influencia.
En su resolución, la magistrada señala que rechaza el hábeas corpus preventivo planteado por el abogado Carlos Villamayor, defensor del legislador, por su “notoria improcedencia”.
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La resolución aún es apelable porque no fue dictada por la Corte, según la ley que reglamenta esta garantía constitucional, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
El miércoles, un tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del juez Yoan Paul López, que decretó la prisión preventiva del parlamentario colorado de Paraguarí.
El tribunal de segunda instancia ya notificó a las partes y remitió al juez el expediente. Ahora, el magistrado debe comunicar a la Policía que Cuevas guardará reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
Incidentado proceso
El viernes pasado el juez López decretó la prisión preventiva de Cuevas, a pedido de la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto peligro de fuga y obstrucción a la investigación.
Desde entonces, la defensa del legislador oficialista y ex gobernador del Departamento de Paraguarí planteó una serie de incidentes y recursos para evitar que Cuevas pise la cárcel: presentaron un recurso de reposición con apelación en subsidio, un incidente de nulidad de actuaciones, una excepción de inconstitucionalidad y un hábeas corpus preventivo.
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Ahora solo están pendientes de resolución el incidente de nulidad y la excepción de inconstitucionalidad.
No obstante, el legislador ya debería cumplir prisión preventiva en las próximas horas, puesto que la resolución que ordena su reclusión está firme.
En el mismo proceso están imputados la esposa del político, Nancy Florentín de Cuevas, por los supuestos hechos de cobro indebido de honorarios y uso de certificado de méritos y servicios de contenido falso, y su hijo, Enzo Cuevas, por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
La investigación fiscal señala que durante su carrera como funcionario público, Cuevas tuvo un ingreso de G. 5.734 millones y un egreso de G. 7.439 millones, lo que arroja un saldo negativo de G. 1.705 millones.