En primer lugar, se analiza la lesión a la intimidad de la que fue víctima la comunicadora y defensora de derechos humanos desde el momento en que Juan Vera difundió su número de teléfono con mensajes que incitaban a agredirla. Como resultado, Menchi recibió todo tipo de agravios y amenazas.
La audiencia de conciliación estuvo fijada en principio hace una semana, pero se suspendió a pedido de Vera, quien solo dos días después se instaló en las afueras de Telefuturo, donde trabaja la denunciante. Ayer se retomó la audiencia, donde la víctima decidió no conciliar y dejar que la Justicia siente un precedente sobre la violación a la intimidad que, aunque no tiene pena carcelaria, implica el pago de una multa a fin de desalentar que se repitan estos hechos.
Aunque Juan Vera parecía estar solo en todo este proceso, últimamente lo acompaña el médico antivacunas Víctor Villa, quien hace un año fue denunciado por el Ministerio de Salud por divulgar información falsa sobre las vacunaciones contra el Covid-19. Atribuía a las inmunizaciones el fallecimiento de personas, desalentando de esta manera que la población recurra a los vacunatorios en plena pandemia. Incluso se comprobó que él mismo había recibido dosis de Sputnik V.
VIOLENCIA DIGITAL. Esta reacción violenta se da simplemente por opinar en contra de las pretensiones de la Cámara de Diputados de derogar el financiamiento de la Unión Europea para la compra de kits y almuerzo escolar, infraestructura y textos educativos ante el bajo presupuesto que arrastra el sistema educativo en el país. Aunque varios periodistas hicieron la misma declaración, fue Menchi quien recibió en forma desmedida las agresiones por razones de género y, por tanto, los responsables deben enfrentar también la causa por violencia telemática, contemplada en la Ley 5777 “De Protección Integral a las Mujeres”.
Esta normativa es todo un avance para eliminar los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en el camino hacia la igualdad, aunque entre sus detractores justamente se encuentra Juan Vera, quien declara inconstitucional esta ley. La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay hizo un seguimiento del caso y chequeó las informaciones falsas que fue divulgando el ciudadano que intenta nuevamente confundir, atribuyendo sus actos violentos al derecho de la libertad de expresión.
En una investigación, la organización Tedic aborda la violencia digital y da algunas características que se observan en estos casos. El agresor generalmente es anónimo, puede actuar con más personas formando un grupo de acoso, ocasionando que la víctima caiga en la autocensura y culpa, que se sienta amenazada y tema por su seguridad. La violencia digital es real porque produce estos efectos y además da pie a que los amedrentamientos sean también offline.
Las mujeres que participaron de la investigación coinciden en que la violencia en línea apunta a silenciar y excluir a las mujeres a partir de un desgaste, pero que además hay dudas y desconfianza hacia la posibilidad de que la denuncia de estos hechos sea eficaz o modifique en algo la situación de violencia.
De esta manera, la Justicia tiene un gran desafío por delante para garantizar el cumplimiento del derecho a la intimidad y, sobre todo, velar por la Ley 5777 en toda su amplitud. La gran contribución es además la confianza que puede ganar de parte de las mujeres que aún sufren violencia y que por la impunidad reinante no se animan a denunciar.
