“Diputado Rivas paga a caseros con dinero del erario público”. Este fue el título de las páginas 2 y 3 del diario Última Hora del 22 de febrero de 2017. La publicación fue la primera de muchas y derivó en la imputación al diputado colorado del Departamento de Paraguarí, Tomás Ever Rivas, por haber hecho figurar como funcionarios a su cargo en la Cámara Baja a tres personas que, en realidad, trabajaban exclusivamente en sus propiedades particulares.
Tres años después de aquel título, el panorama es el siguiente: Los tres caseros -Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero- enfrentan un juicio oral y público por cobro indebido de honorarios y estafa que está previsto que termine el viernes 28 de agosto.
El diputado también está procesado por los mismos delitos, pero su causa está desfasada en relación con la de sus caseros, debido a que tras su imputación el legislador mantuvo sus fueros parlamentarios hasta mayo del 2019 y recién ahí pudo ser procesado.
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Si bien la Fiscalía Anticorrupción ya lo acusó y solicitó que vaya también a juicio, Rivas aún no se sometió a una audiencia preliminar, en la que un juez debe definir el pedido del Ministerio Público. La diligencia ya fue suspendida cuatro veces y el fiscal del caso, Luis Piñánez, incluso pidió al juzgado que el diputado cartista sea declarado litigante de mala fe.
Rivas, en la cuerda floja
El resultado del juicio a los caseros será determinante para el proceso al congresista, ya que la acusación fiscal en su contra apunta a que él era quien se hacía cargo de la veracidad de las planillas de asistencia de los funcionarios “fantasmas”.
De hecho, es tal la importancia que tiene el caso de los caseros para el parlamentario que el renombrado abogado que había asumido la defensa de Rivas, Jorge Bogarín, hoy representa a los empleados enjuiciados
En el juicio oral a los caseros, la Fiscalía presentó, entre otras evidencias, un informe técnico sobre el registro de ubicación de las llamadas entrantes y salientes de las líneas de telefonía celular que Chaparro, Romero y Franco declararon como suyas ante la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja.
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El documento señala que ninguno de ellos estuvo en la Cámara de Diputados, ni siquiera en el microcentro asunceno, durante los días en que el diputado Rivas participó en sesiones ordinarias y extraordinarias en el recinto parlamentario, entre julio de 2016 y marzo de 2017.
En contrapartida, en el juicio varios otros funcionarios que también están a cargo del diputado Rivas en la Cámara Baja declararon como testigos a favor de los caseros, señalando que sí trabajan supuestamente con los rubros de chofer y secretario.
Empleados de comercio, estancia y residencia
La investigación periodística que destapó el caso consistió en un seguimiento con videos y fotografías que demostraban que si bien todos supuestamente trabajan con Rivas para la Cámara Baja, Nery Franco era un empleado de un comercio familiar del diputado en Ybycuí, Chaparro era casero en una residencia del legislador ubicada en Lambaré y Franco trabajaba en la quinta de Rivas en el Departamento de Paraguarí.
En el caso de Franco, un equipo periodístico incluso registró cómo el 15 de febrero de 2017 atendía clientes en la distribuidora Salto Cristal, en el centro de Ybycuí. Se trata de un negocio que el propio Rivas reconoció como suyo.
Ese día, un integrante del equipo periodístico se acercó al local para preguntar el precio de uno de los vehículos en venta. Franco explicó que él puede ser encontrado en el lugar de mañana y tarde, en días laborales, e incluso entregó una tarjeta personal de negocios.
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El frente de la tarjeta tiene el nombre de la distribuidora Salto Cristal –cuyo cartel también figura en la fachada del negocio– y en el dorso, Franco anotó su nombre con su número de teléfono. La tarjeta también tiene el nombre “Tomas Rivas” (sic). Esto, según fuentes, se refiere al padre del diputado, quien presuntamente también trabajaba en el comercio que hoy día ya no funciona.
En el caso de Chaparro, hay filmaciones y durante distintos días y horarios laborales del funcionario de Diputados en la residencia familiar del legislador. De igual manera, Romero trabajaba exclusivamente en la estancia del legislador entre Mbuyapey y el distrito de María Antonia, una residencia que en su momento Rivas dijo que alquilaba.
Las publicaciones del diario fueron corroboradas por la propia Fiscalía, ya que el informe de la ubicación de los teléfonos de estas tres personas coincide con las zonas en donde están el comercio de Rivas en Ybycuí, su casa en Lambaré y la estancia en el Departamento de Paraguarí.
Por su parte, el legislador desde un principio aseguró que se trataba de una persecución en su contra, aunque confirmó que las tres propiedades donde fueron avistados los supuestos funcionarios son suyas o de su familia.
