Este martes se llevó a cabo la sesión extraordinaria en la Cámara Alta para que los senadores Juan Carlos Galaverna, Derlis Osorio y Mirta Gusinky, constituidos en Tribunal, escucharan la defensa y pruebas en el marco del juicio político al contralor general de la República, Enrique García.
García fue el primero en hablar en su defensa. El contralor hizo referencia a la necesidad de finiquitar el juicio político en su contra, de manera que la institución a su cargo no “cargue la mochila a la medida de sectores políticos”, refirió.
El contralor reiteró que en una de las acusaciones en su contra, referida al caso Ivesur, la Corte Suprema de Justicia desestimó la causa. Agregó que en la otra investigación, que refiere al uso de viáticos y consultoría, el Ministerio Público rechazó la denuncia y pidió que sea desestimada.
“Las causas colocadas en el libelo acusatorio fueron desestimadas y el resultado debió ser absolutorio. Sin embargo, posteriormente aparece la causa dos”, señaló.
Pide eliminar la segunda acusación
Enrique García aseguró que la ampliación de la acusación, que apareció un año después, no es más que un “bastardeo de la Constitución para dar pie a las pretensiones destitutivas de grupos políticos”.
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El contralor pidió que el juicio político fuera por las dos primeras acusaciones presentadas, que ya fueron desestimadas.
La primera acusación contra García hace referencia a la comisión de delitos, asignación irregular de viáticos, contratación irregular de consultoría, concesión indebida de privilegios a allegados y tráfico de influencias. La ampliación es por enriquecimiento Ilícito y lavado de dinero.
“Pedimos la desestimación de la acusación dos ampliatoria porque fue presentada de forma extemporánea, improcedente e inconstitucionalmente”, aseguró, antes de agregar que los fiscales no presentaron pruebas de las acusaciones presentadas. “Ni un folio de las acusaciones, la uno y la dos, tienen una sola prueba”, criticó.
El contralor general de la República criticó, además, que la segunda acusación haya violado la privacidad de datos de informes de inteligencia financiera, lo que altera el orden jurídico. Aseguró que quedó en evidencia un delito.
“Nuestra petición es el rechazo de la acusación ampliada y la de la acusación uno, por lo que consideramos que corresponde la absolución por falta de pruebas”, mencionó.
García aseguró que las acusaciones en su contra se deben a que “alguien se enojó y organizó una venganza aleccionadora por razones políticas”.
Causa Ivesur
El abogado Álvaro Arias, uno de los cuatro defensores del contralor, detalló el proceder de Enrique García como funcionario de la Municipalidad de Asunción en la causa Ivesur. Aseguró que el expediente se perdió, por lo que su defendido pidió una reconstrucción, y esto aún no se definió en la Corte Suprema de Justicia.
Arias cuestionó que el Ministerio Público haya pedido el desafuero de García, y la jueza de la causa, Lici Sánchez, solicite el desafuero del contralor, sin que este tenga fueros. “Los diputados desaforaron a una persona que no tiene fueros”, indicó.
“Nos vimos obligados a presentar denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra el fiscal Leonardi Guerrero y la jueza Lici Teresita Sánchez por el penoso actuar”, indicó.
La Cámara de Apelaciones anuló todo el proceso. Esta anulación tiene carácter absolutorio. La Fiscalía presenta una acción de inconstitucionalidad y esto se rechaza, quedando firme la absolución.
El abogado hizo referencia a que la Municipalidad de Asunción y la empresa Ivesur llegaron a una conciliación en esta causa, por lo que no hay daño patrimonial alguno.
No solo no se presentaron pruebas sino que, además, se han violado disposiciones constitucionales, en la Fiscalía, en el Poder Judicial y en la Cámara de Diputados.
Mal desempeño de funciones
Respecto a esta acusación, Arias dijo que los hechos señalados por diputados son la asignación irregular de viáticos que corresponden a un viaje a España del contralor y otros dos funcionarios de la Contraloría.
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“Este viaje fue organizado por una institución en España y participaron 100 funcionarios de varias instituciones públicas. De la Contraloría fueron solo tres, 97 personas de otras instituciones también viajaron y recibieron viáticos”, señaló.
El abogado presentó resultados del viaje, destacando la firma de acuerdos, entre otros. Se informó a la fiscala Liliana Alcaraz que se asignaron viáticos, como corresponde en la ley, por lo que la agente del Ministerio Público desestimó esta causa.
“Esta acusación es un vyrorei, no tiene pies ni cabeza, como lo dijo la propia Fiscalía de Delitos económicos”, aseguró Arias.
Elaboración de un manual
El abogado Guillermo Weiler, otro de los defensores de García, hizo referencia a la acusación sobre la elaboración de un manual de funciones “que un sector sindical calificó de innecesario”, y para el cual se contrató a una consultora.
El letrado informó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Paraguay hicieron un acuerdo no reembolsable para reforzar los sistemas de controles del país. Indicó que, a ese efecto, se necesitaba un manual y, por ello, se contrata a la consultoría para que redactara este material. “La Fiscalía pidió desestimar la causa por la inexistencia de un hecho”, refirió.
Concesión de privilegios
Por su parte, el defensor Rafael Gorostiaga habló sobre la denuncia de concesión indebida de privilegios. Explicó que la acusación señala incrementos concedidos para algunos funcionarios, cometiendo así un abuso de sus facultades, modificando incluso la estructura orgánica de la institución para favorecer a sus allegados.
Gorostiaga aseguró que el contralor Enrique García actuó en el marco de sus facultades y bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda. Explicó que se trató de una equiparación de salarios.
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El abogado de García indicó que en la denuncia no se identifica a las personas consideradas como allegadas, no se dan nombres de funcionarios ni la cantidad.
“Esta denuncia fue montada sobre hechos totalmente falsos. La estructura organizada fue modificada para el mejor funcionamiento y control. Es decir, las direcciones fueron ocupadas por personas de larga trayectoria”, aseguró.
Rafael Gorostiaga recordó que la fiscala Liliana Alcaraz también pidió al Juzgado de Garantías que la denuncia mencionada sea desestimada en virtud de que no existen hechos punibles y pidió que los antecedentes del caso sean archivados.
Tráfico de influencias
El abogado Álvaro Arias tomó por segunda vez la palabra para hacer referencia a la denuncia de tráfico de influencias, que señala audios en los que se hace alusión a Enrique García.
“Se le atribuye tráfico de influencia porque dos persona hablaron, pero no se escucha al contralor en ninguna parte. Esto carece de fundamentación”, refirió.
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La denuncia tiene implicancia con los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En una de las conversaciones, el ex funcionario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Raúl Fernández Lippmann cuenta al ex senador Adolfo Ferreiro que la novia del contralor general Enrique García pidió que se interceda para salvarlo en un caso de presunta corrupción cuando era funcionario en la Municipalidad de Asunción.
Enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
La abogada Paola Villalba fue la encargada de hacer referencia a la ampliación de la acusación contra Enrique García sobre la presunta comisión de hechos punibles de enriquecimiento y lavado de dinero.
“Los hechos que se mencionan en la acusación datan de marzo del 2018 y revelan un único momento político en el que se decidió desplazar al contralor. Ambas acusaciones se dan tras un anuncio de la Contraloría de su plan de auditoría que incluía a la Fiscalía General del Estado. Posterior a esto se da la imputación y el pedido de desafuero”, denunció.
Paola Villalba calificó de inconstitucional la presentación de esta ampliación y denunció que la misma tiene pruebas obtenidas de forma ilegal. “Implica violación a garantías esenciales establecidas de forma expresa en la Constitución Nacional”, señaló.
“La defensa destaca la omisión de la presentación de pruebas. No existen pruebas de cargos. Ante la ausencia de oferta probatoria, la única prueba ofrecida será la de descargo. Me anticipo que la misma es corroborativa de la inexistencia de los hechos alegados. La acusación dos no ofreció pruebas, pero sí mencionó informes de Seprelad, informes financieros y reportes de sospechas. Estos documentos no están presentados en el juicio, por más que son mencionados”, dijo.
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La abogada reiteró que estos documentos mencionados son de carácter confidencial y las actuaciones del Ministerio Público son de acceso limitado. “Considerando el carácter de estos documentos, es evidente que las informaciones fueron obtenidas de forma ilegal por el diputado Hernán Rivas”, indicó.
La abogada aseguró, además, que es imposible que se determine un enriquecimiento ilícito cuando no se presentan pruebas respecto al patrimonio del funcionario antes de asumir el cargo.
Villalba informó que su defendido había comprado una vivienda por unos G. 500 millones en el 2001 (Unos USD 82.000 al cambio actual), siete años antes de que García se iniciara en la función pública. Indicó que la tasación actual, del mismo inmueble, por plusvalía es de unos USD 500.000.
La abogada explicó que contrataron a un perito para determinar si los depósitos de García en los bancos denotan un enriquecimiento ilícito y la conclusión fue que la suma total de ingresos del contralor durante el 2017 fue de más de G. 900 millones, por lo que los G. 300 millones considerados como ilegítimos no corresponden. Aseguró que todos los ingresos fueron declarados como corresponde.
Respecto a movimientos financieros entre el 2012 y el 2017 en un banco de plaza, la abogada señaló que el perito contable concluyó que entre los G. 4.600 millones de las transacciones y los ingresos del contralor hay una diferencia a favor de más de G. 100 millones.
En referencia a las denuncias que mencionan una sociedad anónima de la que forma parte García, la abogada aseguró que el aporte del contralor a la firma 6 de Abril fue de G. 100 millones, y no G. 1.000 millones como se presentó.
García asegura que no entregará declaraciones juradas
Al finalizar las declaraciones de la defensa, Enrique García aseguró que el problema reside en que el contralor se niega a entregar las declaraciones juradas de ciertos funcionarios públicos. Dijo que las limitaciones de la ley no le permiten publicar estos documentos, más allá de las garantías del acceso a la información pública.
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El contralor indicó que, hasta que no haya un fallo de la Justicia respecto a la publicación de estos documentos, se mantendrán bajo resguardo estas declaraciones. Informó que, si la Corte autoriza, pondrá una fotocopiadora en la calle para repartir los textos.
Campaña mediática
Enrique García aseguró que algunos medios de comunicación, impulsados por una oenegé, quieren hacer ver que hay una oposición suya a entregar las declaraciones juradas.
El alto funcionario denunció que hay intereses mediáticos que desean marcar la agenda del destino del país apelando a la infamia.
“Corresponde en derecho que, ante la contundencia de la orfandad probatoria, los fiscales acusatorios retiren mañana su acusación. La acusación sin pruebas reemplazó la obligación de la carga probatoria con una frase de la diputada Celeste Amarilla de: ‘Renuncie contralor, se acabó la confianza del pueblo en usted’”, expresó.
García dijo que siente pena de quienes “prostituyen la figura del juicio político para dar pie a sus afanes oportunistas”.
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El contralor dijo que la oenegé administrada por el ex legislador Sebastián Acha dice que el 50% de la economía del país se maneja en la oscuridad. “Si esto es cierto, hay otros casos más graves a los que se hace referencia”, indicó. “Esto es una basura, es despreciable, es lamentable. Deberían retirar esta acusación”, concluyó.
Finalmente, el contralor pidió al Tribunal que declare la inexistencia de pruebas sobre las acusaciones presentadas, que se admitan las pruebas de la defensa y que se disponga su elaboración y valoración.
Mañana se define el juicio político
Tras la presentación de la defensa este martes, para este miércoles hay tres convocatorias más y, en la última, marcada para las 16.00, los senadores deben dar su sentencia.
Los votos del sector llanista del PLRA serían cruciales para que Enrique García sea salvado de la destitución como contralor general de la República.
