La tensión en el sector llanista crece y con ello se consolida la división que deja sin número al juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
La bancada integrada por ocho diputados no pudo reunirse ayer y, aunque seguirán los intentos por unificar posturas la próxima semana (posiblemente el lunes), todo indica que se optará por liberar los votos. Solo hay decisiones individuales y en el proceso por negociar un acuerdo dos diputados, Enrique Mineur y Hugo Capurro, protagonizaron una pelea que casi los lleva a los golpes. Fue en la casa de Villa Elisa del senador Blas Llano, líder del movimiento, el pasado lunes.
Este bloque es fundamental para la aprobación del juicio político y su dilatada decisión es precisamente la que está retrasando la presentación del libelo acusatorio, que mientras tanto sigue recorriendo bancadas para su firma.
El líder de la bancada, Édgar Ortiz, quien tiene definido que no apoyará el juicio político alegando que es parte de la interna colorada y que no se quiere meter, ya viajó a Itapúa para seguir sus vacaciones.
Ortiz contó que Mineur y Capurro finalmente se arreglaron y que solo llegaron al pecheo, sin agresión. “Yo ya no estaba en ese momento, pero aparentemente oka’u hikuái ha ipohýi (estaban borrachos y pesados). Te aclaro que esto ya fue subsanado. Fue un problema entre Capurro y Mineur”, expresó.
Tanto Mineur como Sergio Rojas manifestaron que seguirán buscando llegar a una decisión unánime en la bancada, aunque están lejos de llegar a un acuerdo.
Los miembros de la bancada B del PLRA son Édgar Ortiz, Enrique Mineur, Sergio Rojas, Hugo Capurro, María de las Nieves López, Marcelo Salinas, José Reynaldo Rodríguez y el recientemente adherido Manuel Trinidad.
El diputado de Fuerza Republicana Hugo Ramírez indicó que el proceso sigue y que el libelo será presentado y se tratará apenas se reinicie el periodo parlamentario la semana entrante.
Desde la oposición varios referentes cuestionaron la postura llanista. El diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Édgar Acosta pidió a sus colegas que se hagan responsables de sus votos.
“El juicio político a la fiscala general se va a presentar, que no exista duda al respecto. Que cada diputado sea responsable con la emisión de su voto, y argumente ante la ciudadanía la decisión tomada al respecto”, resaltó.
Por su parte, el liberal Celso Kennedy pidió no confundir a la ciudadanía con el caso del ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, cuyas denuncias motivaron el juicio político, pero días después se revelaron vínculos suyos con un narcotraficante, lo que le costó el cargo. Tanto oposición como oficialismo pidieron no mezclar las cosas, ya que las acusaciones contra Quiñónez están separadas y bien fundamentadas.
Giuzzio reveló un esquema de contrabando de cigarrillos y lavado de dinero que involucró a Horacio Cartes y que nunca fue investigado por el Ministerio Público. Kennedy apuntó que esto no se trató de un producto elaborado solo por el ex ministro sino a un trabajo de varias instituciones por años. “Para contrarrestar a cientos de operadores contratados para confundir a la gente acerca del juicio político a la fiscala. No se trata solamente del testimonio de Giuzzio y su credibilidad. El juicio serio se desarrolla sobre un hecho objetivo y no una apreciación subjetiva y menos conforme al involucrado”, aseguró.
El libelo acusatorio cuenta con nueve causales, entre ellos el caso Metrobús, Rodrigo Quintana, la denuncia de Giuzzio, los malos manejos administrativos, la no investigación de hechos de corrupción pública y la impunidad de gobernadores e intendentes.
Para aprobar, se necesita de una mayoría de dos tercios que significa que si están presentes los 80 diputados, se requerirán 53 votos.
La oposición tiene 29 más 18 de Colorado Añetete, con los que se llega a 47, por lo que es fundamental el apoyo de al menos seis llanistas. Sin embargo, este sector se mantiene en alianza con el cartismo, que tiene 25 miembros.
Las Cifras
53 votos se necesitan para aprobar el juicio político, en caso que estén presentes los 80 diputados, y remitir al Senado.
8 miembros tiene la bancada llanista, que está dividida en torno a apoyar o no el juicio político a Sandra Quiñónez.
