Cuatro intentos de enjuiciar a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y uno simbólico para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, marcaron este año, tiempo en el cual las fuerzas partidarias hicieron que la importante figura constitucional del juicio político no tenga el efecto para el que fue creada, juzgar el actuar corrupto de las autoridades.
Sin embargo, este hecho demostró que existen serios problemas en el sistema de Justicia y están afectadas precisamente las cabezas de las dos instituciones más importantes.
Los sectores políticos armaron encuadres en defensa de sus intereses y, en ambos casos, decidieron salvar a los acusados. Este escenario se puede ver con más claridad en la Cámara de Diputados, donde el Partido Colorado tiene mayoría y, principalmente, el movimiento Honor Colorado.
Así, el pedido de juicio político a Quiñónez se basó en la declaración de significativamente corrupto a Horacio Cartes por parte de Estados Unidos, y en el caso Marset, entre otros hechos. El último fue rechazado en setiembre pasado.
En cuanto al reciente pedido de juicio político contra Fretes, se basó en el escándalo generado al revelarse el contrato que firmó su hijo, Amílcar Fretes, con y Sharif Kassem Hijazi, familiar de Kassem Mohamad, quien el pasado 8 de julio fue extraditado a los Estados Unidos. El servicio tenía el objetivo de retrasar o evitar el enjuiciamiento por influencia del ministro de la Corte, y para ello, se pagó USG 368.000.
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González lamentó que en todos los casos, la mayoría en la Cámara Baja actúe en favor de la impunidad.
“El juicio político es un mecanismo de control interno, una herramienta constitucional que al igual que la figura de la interpelación y la pérdida de investidura permiten juzgar las conductas y la gestión de altos funcionarios que han cometido hechos reprochables como el mal desempeño de funciones, el prevaricato o el uso indebido de influencias. Lastimosamente la conformación de la Cámara de Diputados con una mayoría de mercaderes y corruptos ha impedido desarrollar con solvencia estos juicios públicos”, cuestionó.
Los principales actores de justicia fueron los más señalados y a la vez salvados, demostrándose sus conexiones con los sectores políticos, más aún con aquellos que tienen procesos penales.
“Quienes más se han beneficiado de las componendas y complicidades fueron integrantes del sistema de justicia, entre ellos, varios ministros de Corte (el último Fretes), al principio del periodo Garay y Bajac y en cuatro oportunidades Sandra Quiñónez y esto no es coincidencia, es el pago y el costo de la impunidad de políticos procesados por la Justicia”, apuntó.
De igual manera, la legisladora afirmó que aunque ya se esperaba que no haya votos para los juicios políticos, un grupo de opositores prefirió hacer lo correcto y exponer las acusaciones presentando los libelos.
“No obstante, una minoría decidió activar estos juicios políticos y con ello decir que no somos cómplices y retiramos la confianza a estos funcionarios judiciales”, resaltó.
Para Kattya hay evidencia de que el crimen organizado ingresó a la Corte.
“Lo que este contrato evidencia es la infiltración del crimen organizado en los más altos ámbitos del Poder Judicial y Fretes eligió estar cerca de sus hijos. Él metió a todos sus hijos en las binacionales, y no por idoneidad. Eligió estar cerca de sus hijos cuando se han vendido sentencias judiciales. Todos sabemos que para hablar con Fretes había que pasar por Amílcar, Asdrúbal o Raulito, los hijos son los peajeros”, recalcó.
Retirados. Tanto Sandra Quiñónez como Antonio Fretes se retiran de sus cargos en marzo. La primera porque acaba su periodo y el segundo por su jubilación.
El Consejo de la Magistratura ya activó el proceso de selección para el próximo fiscal general del Estado.
El liberal Édgar Acosta destacó los nexos que existen entre Fretes y los senadores y diputados que son el motivo por el que el ministro se volvió intocable. Insistió en la existencia de favores.
“Jueces, fiscales y ministros son amigos del poder, cuando ustedes ya no estén en el poder, ya no van a ser sus amigos. Hay que dar un mensaje claro a los ministros del Poder Judicial, de que no tienen que responder a nadie, sino hacer justicia. Fretes ha establecido lealtades en todo este tiempo y esas lealtades van a medir hoy. Deber favores significa que algo indebido se obtuvo. Los favores en el mundo de la mafia siempre dejan una prueba”, destacó el diputado.
