A criterio del ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, las cárceles privadas pueden ser una solución para la crisis penitenciaria que afronta el país, ante –principalmente– el hacinamiento y la superpoblación.
“El problema es complejo; hoy el Estado tiene una obligación con los condenados, que son el 23%, y también tenemos un porcentaje del 77%, que es de aquellos que están privados de su libertad”, expresó el ministro en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.
“Deberíamos analizar la implementación de penitenciarías privadas donde la gente pueda pagar por el servicio”, agregó.
Este sistema se implementa en otros países del mundo y en la región (Argentina y Brasil) y funciona mediante una tercerización del establecimiento penitenciario.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“Esta es una discusión que tuvo que empezar hace 15 años, pero ahora estamos debatiendo esta situación”, refirió Ríos.
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Si bien el secretario mencionó la propuesta como una posible solución al sistema, sin muchos detalles, el doctor en Criminología Juan Martens, quien también participó en el programa televisivo, refirió que ese tipo de experiencias no ha funcionado en muchos países, por lo que no sugiere repetirla.
“Las experiencias de privatización de las cárceles no han funcionado en países de la región, como en Brasil por ejemplo, y por qué repetir eso que no funciona, cuando que hay otras medidas de intervención. Por ejemplo, cortar la comunicación por teléfono de las cárceles”, expresó.
Ante ello, el ministro contestó que para cortar el teléfono en las cárceles se requiere de una inversión en inhibidores de comunicación en las 17 penitenciarías del país, que cuestan alrededor de USD 3 millones cada una.
Situación de los guardiacárceles
Por otra parte, el ministro Ríos precisó que otra de las problemáticas que debe sortear el sistema penitenciario es la situación de los guardiacárceles.
Al respecto, indicó que desde el Ministerio de Justicia solicitaron al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la creación de un instituto a fin de establecer una formación para los agentes.
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“Todos los guardiacárceles que tenemos en las penitenciarías del país son empíricos, por ahí tenemos que empezar y tenemos que trabajar en ello”, dijo.
Asimismo, reconoció que el salario que reciben estos funcionarios es bastante bajo, por lo que se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante las facciones criminales que dominan las cárceles.
En ese sentido, Martens también opinó y resaltó la necesidad de tener un personal capacitado para fortalecer los protocolos y el manejo de seguridad dentro de las cárceles.
La crisis penitenciaria en el país se desencadenó tras un amotinamiento en la cárcel regional de San Pedro, que se registró el 16 de junio pasado, entre reos supuestos miembros del Primer Comando Criminal (PCC) y el clan Rotela. El incidente dejó 10 muertos y nueve heridos.
A raíz de este hecho, se ordenó una intervención del lugar a fin de esclarecer los hechos y desvincular responsabilidades. El Ministerio de Justicia designó a Ricardo Núñez para llevar adelante el caso.
