El principal cuestionamiento tiene que ver con la transferencia multimillonaria a las organizaciones CIAP y Plantemos Conciencia por más de G. 13.000 millones en pleno año de pandemia. Las denuncias de los concejales opositores se basan principalmente en que el gobernador nunca acercó los documentos que respalden el motivo de la transferencia, así como tampoco los trabajos se han podido ver.
El concejal Billy Vaesken lamentó que incluso sus colegas liberales se hayan prestado a votar a favor del balance de Hugo Javier. Se trata de los concejales Mario Aguilera y Jorge Rolón. Estos junto al edil de Patria Querida y ocho colorados aprobaron el balance.
“No nos ha permitido ver ningún documento”, dijo el concejal Billy Vaesken en la sesión al tiempo de recordar que su propio director de becas, Gilberto Arriola, lo denunció por sobrecosto en el pago de becas a universidades privadas. Dicha denuncia nunca aclaró y hasta el momento no se avanzó en la investigación.
Uno de los ítems más llamativos para los ediles opositores tiene que ver con la transferencia de G. 360 millones en fecha 11 de junio de 2020 en concepto de minga ambiental central. “Nos preguntamos cómo realizó una minga ambiental en plena cuarentena con las restricciones establecidas por el Gobierno Nacional por pandemia”, expresó Vaesken.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppAsimismo, citó una transferencia realizada por G. 200 millones en asistencia médica con provisión de medicamentos, cuando la Gobernación tiene otros rubros asignados para destinar al sostenimiento de sus tres clínicas móviles con medicamentos.
Por su parte, Laura Moreira Cabrera resaltó la falta de transparencia y de documentos respaldatorios de las transferencias.
También se aprobó ayer el gasto de G. 14.000 millones a la comisión de salud, de los cuales G. 3.000 millones en el centro de diagnóstico de Fernando de la Mora, donde la estructura edilicia ya está hecha y según el informe del balance, se gastaron G. 3.000 millones en la refacción. Los ediles sospechan una sobrefacturación. A su vez señalan que el local no está habilitado por el Ministerio de Salud.
Justamente, la Contraloría General de la República se encuentra evaluando las transferencias del año 2019 por más de G. 8.000 millones y el equipo que investiga el movimiento de dinero ha realizado unas cinco observaciones, sobre todo, a la falta de documentaciones.
Entre el 2019 y el 2020, las organizaciones recibieron más de G. 21.000 millones de parte de la Gobernación sin que se puedan conocer los trabajos realizados.
Al ser consultado, sobre las denuncias de irregularidades en las transferencias, el gobernador indicó que respondería por correo electrónico, lo cual no ocurrió hasta el momento y no contesta las llamadas.