La intención de destituir al fiscal Luis Said por supuesta inactividad en el desempeño de sus funciones, aunque no prosperó, pues el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados determinó su apercibimiento, es una señal muy seria. Ante el copamiento de los espacios de poder por parte de un sector del partido de gobierno, debemos una vez más ratificar el compromiso democrático por una Justicia independiente que ya no acepte ningún tipo de sometimientos.
Ningún poder está por encima de la Constitución Nacional.
En el año 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había declarado la responsabilidad de Paraguay por la violación de distintos derechos en perjuicio del ex fiscal Alejandro Nissen, quien había sido removido de su cargo tras ser denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño en sus funciones.
Alejandro Nissen investigaba varios casos de corrupción. Como fiscal, imputó en 2002 al entonces presidente de la República, Luis Ángel González Macchi, por poseer un vehículo BMW robado en São Paulo, Brasil, que ingresó de contrabando a Paraguay. En 2004, imputó al entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Luis Caballero Krauer, por tener un automóvil mau, y ese mismo año, procesó al senador colorado Óscar González Daher por un hecho similar. Nissen fue destituido de su cargo ese mismo día.
Amerita hoy recordar la máxima que afirma: “Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, puesto que en el Paraguay no solamente se nota un escaso conocimiento de la historia contemporánea, sino que en las últimas décadas hemos comenzado a percibir un marcado declive en lo que respecta a nuestra institucionalidad y la separación de los poderes del Estado.
La amenaza de destitución que sufrió hasta hace unos días el fiscal Luis Said es muy significativa y a pesar de que al final quedó en un apercibimiento, deberá ser considerada seriamente. Este fiscal logró condenas emblemáticas, como las del ex rector de la Universidad Nacional de Asunción Froilán Peralta; la del ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas; y la del ex gobernador de Villa Hayes Óscar Ñoño Núñez, hermano del actual presidente del Congreso Nacional, Basilio Bachi Núñez.
Sobre nuestro ideal republicano de una Justicia independiente y soberana todavía sobrevuela el siniestro recuerdo de Óscar González Daher, por décadas, integrante y varias veces presidente del JEM, representando a las Cámaras de Diputados y Senadores, quien había logrado armar un perfecto e ilegal sistema de apriete a jueces y fiscales.
La Justicia entonces era apenas un instrumento a utilizar para beneficiar a sus amigos, para favorecer al mejor postor y de la misma manera perjudicar a miles de paraguayos y paraguayas. Hoy, nuevamente, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se pone bajo la lupa por sus procedimientos.
Un país serio necesita de una Justicia verdaderamente independiente, actualmente cuestionada lamentablemente debido al copamiento por parte de un sector del Partido Colorado.
Un ex miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Jorge Bogarín, declarado como “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos; el cuestionado nombramiento de Alicia Pucheta en el Consejo de la Magistratura el año pasado, sumada la reciente condena de Fernández Lippmann en el caso conocido como audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados son suficientes antecedentes para considerar que la institución que juzga a quienes imparten justicia no está funcionando de manera independiente.
Debemos tener muy en claro que una Justicia sometida a intereses políticos y económicos buscará beneficiar estos intereses, incluso por encima de nuestra Constitución Nacional y nuestras leyes.
Es muy peligrosa la soberbia de quienes imponen sus mayorías sin considerar el grave daño que hacen a las instituciones, a la democracia y al Estado de derecho. Si no recordamos el pasado, vamos a seguir repitiendo los errores. Por eso, debemos acabar de una vez con el nefasto y peligroso sistema de apriete a jueces y fiscales y abogar por una Justicia imparcial e independiente.
