Los fiscales Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez fueron los designados para atender la denuncia y ellos solicitaron la desestimación. Luego, el juez especializado de Delitos Económicos, Humberto Otazú, se opuso y los agentes se ratificaron en la solicitud. Estos antecedentes fueron remitidos por el diputado Orlando Arévalo ante el Jurado, que tiene tiempo hasta el 13 de diciembre para iniciar una investigación preliminar de oficio o un enjuiciamiento.
EL CASO. Hace un año, Kattya González, entonces senadora, y el diputado Raúl Benítez habían denunciado el presunto desfalco y presentaron un reporte de la Contraloría en el que se constata un supuesto perjuicio de G. 1.630.414.082.023 y varias observaciones, que –según la Fiscalía–, en realidad, no constituyen irregularidades.
La causa era por lesión de confianza y estafa que involucró, además del ex titular de IPS, Vicente Bataglia, a Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina.
Tras cerca de un año de investigación, los fiscales que tomaron el caso solicitaron la desestimación de la denuncia, ya que concluyeron que no hubo hecho punible.
En el primer punto del reporte de la CGR se habla de una diferencia entre los montos aprobados para la línea de crédito. En este punto, los fiscales determinaron que “quedó subsanada la discrepancia”, ya que hay dos pagarés, uno anulado y uno vigente, “que respaldan el préstamo otorgado por el Banco Interfisa al Instituto de Previsión Social (IPS)”.
La segunda irregularidad, habla de que la previsional no contó con la composición de saldos pendientes de pago a proveedores de bienes y servicios, correspondientes a una de las cuentas contables del balance general ni los documentos de respaldo, por un importe de G. 1.157.694.787.925.
Los fiscales, en cambio, apuntan que se corroboró que hubo una doble verificación (física y digital) de la existencia de documentos que avalan los pagos realizados y que no hay informe alguno de ninguna instancia administrativa “que indique la ausencia de comprobantes”.
En el punto 3, se explicaba que los recursos obtenidos por el IPS a través de las líneas de crédito bancarias por G. 425.000 millones, no fueron presupuestados en el ejercicio fiscal 2022. Sin embargo, la Fiscalía apuntó a que “las operaciones han sido registradas y reconocidas totalmente a nivel contable”, pagándose deudas del Programa de Enfermedad y Maternidad del IPS.
El juez penal de Garantías Humberto Otazú se opuso el pasado martes de tarde a la desestimación que pidió la Fiscalía y llamativamente los agentes horas más tarde ya se ratificaron en el pedido de desestimación. El magistrado considera que existen elementos que constituirían hechos punibles, por lo que le dio el trámite que prescribe el artículo 314 del Código Procesal Penal.
