28 abr. 2025

Justicia afiliada, Justicia fallida

El diario Última Hora le puso cifras, nombres y apellidos de algo que se sabe y se sufre: que el Poder Judicial no es independiente y, por tanto, no puede cumplir su rol fundamental, que es impartir justicia con imparcialidad.

Que el Poder Judicial está altamente politizado y que responde a los mandatos de la ANR no es novedad. Forma parte de la tragedia paraguaya y una de las principales causas de su atraso. Una investigación del diario reveló cuántos y quiénes son los jueces que participan activamente en política partidaria sin que se les mueva un pelo de la vergüenza. Del total de 754 jueces, 326 están afiliados a la ANR, o sea 43%, casi la mitad. ¿Cómo lo supo el diario? Cruzando los datos del padrón nacional con el padrón colorado. Como si ya no fuera suficiente escándalo, hay 54 jueces con doble afiliación. En la serie periodística también se menciona que 40 miembros de las Cámaras de Apelación votaron en la interna republicana.

ÚH precisó también que el 70% de los funcionarios del Poder Judicial son colorados. La institución tiene 12.448 empleados, de los cuales 8.568 están afiliados a la ANR. Un verdadero ejército de votantes. Esto explica por qué la sindicalista Porfiria Ocholavsky es precandidata a senadora por el oficialismo.

A su vez, el diario ABC publicó que de 396 fiscales, 258 están afiliados a la ANR y 38 al PLRA. En las reiteradas internas coloradas votaron 146 fiscales. En la última interna municipal, votaron 41. Basta con mirar los nombres para entender por qué no corren las denuncias de corrupción contra los administradores colorados o los casos duermen en los cajones de la Fiscalía.

Tanto jueces como fiscales tienen exigencias legales para ejercer el cargo. El código de ética judicial señala que es deber de todos los jueces y juezas abstenerse de realizar todo tipo de actividad político-partidaria. No pueden ocupar cargos en los partidos políticos, asistir a actos locales partidarios, públicos o privados. No podrán votar ni participar de ninguna manera en elecciones partidarias y tampoco manifestar públicamente sus preferencias político-partidarias. Si pertenecen a un partido, deben solicitar la suspensión de su afiliación. Los fiscales tienen restricciones legales para participar en política. Su actividad política no es una cuestión meramente antiética sino delictual.

CONDICIÓN. Los jueces independientes son esenciales para que la administración de justicia sea imparcial y objetiva. La Constitución Nacional garantiza la independencia del Poder Judicial; sin embargo, es letra muerta no solo por la grosera injerencia política, sino porque fiscales y jueces se sienten muy bien violando la ley y las reglas éticas. A pesar de las claras disposiciones, no tuvieron la dignidad de suspender su afiliación partidaria al asumir el cargo. Al contrario, desafían a las instituciones porque siguen votando. Algunos ostentan sus relaciones políticas haciendo incluso campaña electoral. No temen las sanciones porque están blindados por sus padrinos políticos que evitarán sanciones. Estos administradores de justicia mienten cuando reclaman independencia, porque para demandar tal cosa, primero deben demostrar que son independientes. Luego, cuando un sector político decide castigarlos porque no obedecieron sus órdenes, estos verdugos de la ciudadanía piden auxilio a esa misma ciudadanía víctima de sus abusos, tropelías o indiferencias.

La oficina de Ética Judicial anunció sumario a los jueces que votaron en las internas coloradas. Analizarán caso por caso. En su defensa, algunos dijeron que votaron antes de ser nombrados. En Paraguay, sumario es sinónimo de freezer e impunidad. Veremos qué pasa, pero no hay que abrigar muchas esperanzas.

En la Justicia Electoral se vive lo mismo. Solo que esta vez, a la ANR se le escapó la mayoría que ostentaba en la cúpula del organismo, gracias a ministros opositores que engrosaban su lista. La incorporación de César Rossel y Jorge Bogarín quebró esa mayoría de facto, pero la mayoría absoluta de las direcciones y el funcionariado responden a la Junta de Gobierno.

La publicación periodística vino a mostrar con datos una realidad lacerante para entender cómo funciona la Justicia y por qué Paraguay es el paraíso de la inseguridad jurídica, la corrupción y la impunidad. En una democracia, el Poder Judicial es el último peldaño para corregir las situaciones de injusticia, pero con esta integración teñida del partido político hegemónico, corrupto, prebendario y clientelar, la independencia judicial es una quimera.