En el marco de una investigación “sobre grupos nazis y neonazis que actúan en las redes sociales (...) la Justicia aceptó que la red que no está cumpliendo las decisiones, en este caso Telegram, reciba una multa de un millón de reales por día (USD 198.000) y la suspensión temporaria de las actividades”, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad de Brasil, Flávio Dino, en un video divulgado por su asesoría.
“Hay grupos llamados Frente Antisemita y Movimiento Antisemita actuando en esas redes, y sabemos que eso está en la base de la violencia contra nuestros niños y adolescentes”, agregó Dino, con referencia a los ataques ocurridos en escuelas brasileñas en los últimos meses.
De acuerdo con un documento de la Justicia Federal de Espirito Santo (sureste de Brasil), la Policía Federal y la Fiscalía habían solicitado a Telegram datos personales de todos los integrantes de los canales “Movimiento antisemita brasileño” y “Frente Anti-Semita”.
Los investigadores identificaron que el adolescente de 16 años que en noviembre pasado mató a tiros a cuatro personas e hirió a más de diez en dos escuelas de Espirito Santo, interactuaba con grupos antisemitas en Telegram, según el portal de noticias G1, que cita fuentes policiales.
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La empresa cumplió “parcialmente” el pedido de las autoridades, entregando apenas los datos del administrador de uno de los dos grupos, de acuerdo con el documento judicial.
Hay un “evidente propósito de Telegram de no cooperar con la investigación en curso”, reza el texto de la Justicia.
AFP solicitó un comentario de la empresa a través de los canales disponibles en su sitio web, pero no obtuvo respuesta.
La aplicación continuaba funcionando al inicio de la noche del miércoles, mientras algunos usuarios de la red debatían en canales públicos posibles formas de driblar el bloqueo, constató la AFP.
A principios de abril, cuatro niños de entre 4 y 7 años fueron asesinados en una guardería del estado de Santa Catarina (sur) por un hombre que irrumpió armado con un hacha.
Las muertes conmocionaron al país, que registró en los días posteriores dos nuevos atentados en escuelas, sin víctimas fatales.
Tras los episodios, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció medidas para obligar a las plataformas de redes sociales a cohibir contenidos y perfiles que propaguen o hagan apología de ataques contra escuelas.
E intensificó su campaña para que haya una nueva ley que regule la actividad de las plataformas, actualmente en debate en el Congreso.
Telegram ya fue objeto de una orden de suspensión en Brasil en marzo de 2022, cuando un juez de la Corte Suprema determinó su bloqueo por considerar que la compañía incumplía reiteradamente órdenes judiciales de combate a la desinformación en un año electoral, y no cooperaba con las autoridades en la represión de otros delitos.
Tras la orden de bloqueo, que no llegó a hacerse efectiva, Telegram designó a un representante legal en Brasil y detalló ante la Justicia sus mecanismos internos para combatir la desinformación.