En pocos días, la maquinaria del Poder Judicial se puso en marcha como pocas veces antes. Dos casos emblemáticos contra legisladores acusados de hechos de corrupción, que habían permanecido dilatados durante años por sucesivas chicanas presentadas por sus abogados defensores, con la complacencia de los jueces, se destrabaron con apenas un día de diferencia, resolviendo que primero el senador colorado Víctor Bogado, del Partido Colorado, y luego el senador Enrique Salyn Buzarquis, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) vayan próximamente a juicio oral.
En el caso del senador Bogado, tuvieron que transcurrir cinco años de idas y vueltas en los pasillos de tribunales para que finalmente se tome la decisión. Acusado por supuestos delitos de estafa y cobro indebido de honorarios por la causa conocida popularmente como de “la niñera de oro”, que involucra a la funcionaria Gabriela Quintana, quien presuntamente se desempeñaba como niñera de la familia del legislador mientras percibía doble salario, tanto como empleada de la Cámara de Diputados como de la entidad Binacional Itaipú, con nombramientos y comisionamientos solicitados por Bogado.
Rechazando el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa del legislador, la jueza Rosarito Montanía resolvió elevar la causa a juicio oral y público en fecha próxima a determinarse.
Apenas al día siguiente, otra jueza, en este caso Gricelda Caballero, también resolvió destrabar otro proceso emblemático que venía siendo dilatado desde el 2014, cuando la Fiscalía había imputado por supuestos hechos de lesión de confianza y usurpación de funciones públicas al actual senador Enrique Salyn Buzarquis, por su actuación en el 2012 cuando era ministro de Obras Públicas del gobierno de Fernando Lugo.
La audiencia por este caso fue suspendida en diez ocasiones, a través de chicanas presentadas por los defensores de Buzarquis, incluyendo la utilización de un certificado de reposo médico que luego se comprobó era de contenido falso, ya que cuando supuestamente el legislador permanecía en cama, en realidad había viajado al Uruguay por razones políticas.
Al ex ministro Buzarquis se lo acusa de haber firmado un convenio marco y dos anexos en Roma con una empresa italiana para estudios de suelo en el Chaco y un plan en Ñeembucú, sin estar debidamente autorizado para hacerlo, por un valor de 600.000 dolares.
Las últimas actuaciones de agentes fiscales y jueces contra personajes políticos que detentaban mucho poder y se sentían intocables resultan cuando menos inusuales y están despertando saludables expectativas y esperanzas en la ciudadanía, al comprobar que los poderosos también pueden ser sometidos ante la Justicia, pero para que esta impresión se afirme realmente, los casos deberán ser tratados con mucha rigurosidad y producir justos resultados.
De lo contrario, el efecto positivo que hoy producen pueden acabar causando una mayor frustración.