Hace siete años, el diario Última Hora comenzaba a publicar una investigación, que rápidamente fue conocida como el caso de la secretaria vip. Los contundentes datos de la investigación periodística, así como la presión ciudadana, aceleraron la renuncia del contralor de la República, quien renunció ante la inminente destitución vía juicio político; el caso de investigación también arrastró a la subcontralora Nancy Torreblanca. En aquel momento se habló de que el caso era todo un avance para la democracia y la libertad de prensa, sin embargo con el tiempo se vio que debido a las chicanas el caso estuvo a punto de quedar impune.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia rechazó la prescripción planteada por la defensa de Liz Paola Duarte, quien en el mes de mayo había pedido suspender la ejecución de su condena. Ahora la secretaria vip deberá devolver G. 160.083.711 a la Contraloría, tras quedar firme su condena de 23 meses de prisión por cobro indebido de honorarios.
La funcionaria percibía millonarias remuneraciones e incluso llegó a cobrar remuneraciones extras por trabajar “27 horas por día”, cobraba horas extras por trabajar desde las 5:00 hasta las 23:30, según la planilla; en los registros de la institución se justificaba que trabajaba incluso sábados hasta tarde y días feriados.
Sin embargo, en una grabación de seguridad se comprobó que la funcionaria llegaba un sábado a altas horas de la noche, llevando en brazos a su mascota, para marcar su horario de salida en la Contraloría.
También se pudo probar con la investigación que la asistente se encontraba de vacaciones, fuera del país, mientras el reloj de la institución marcaba su presencia en horas de trabajo. Liz Paola Duarte llegó a cobrar hasta G. 37 millones al mes mediante sus horas extras; ella era secretaria privada del contralor, y pese a no tener un título universitario ocupaba un cargo de profesional con función administrativa, cuyo salario era de G. 7.090.800, mayor incluso a lo que ganan algunos auditores de la institución desde hace siete años.
En este caso, el ex contralor Rubén Velázquez recibió una condena de cuatro años de cárcel mientras que la ex subcontralora Nancy Torreblanca recibió dos.
Los casos de corruptela y los malos manejos del dinero público son lamentablemente muy frecuentes en el país. También es frecuente la impunidad que los caracteriza, y en este aspecto es la Justicia la principal responsable de permitir todas las dilaciones y estrategias de chicanas que por lo general terminan logrando su objetivo: que las denuncias queden en el olvido.
Para evitar esto necesitamos con urgencia que nuestra Justicia sea imparcial, sin magistrados que no solamente están afiliados al Partido Colorado, sino que además aceptan candidaturas por dicha agrupación, y también votan en sus elecciones internas, como viene publicando este diario.
Es necesaria una absoluta de neutralidad para juzgar casos vinculados a los políticos, precisamente como el mediatizado caso de la funcionaria de la Binacional Yacyretá, Fátima Saucedo, denunciada por planillerismo mientras desarrolla actividades en la campaña del movimiento cartista. El director de la entidad, Nicanor Duarte Frutos, admitió que la operadora cartista actualmente sumariada había ingresado al plantel de funcionarios a través de la política.
Sin justicia, el sistema democrático será débil, y una Justicia parcialista tiene como consecuencia abusos y arbitrariedades, pero si además es tibia ante los casos de corruptela y planillerismo se convierte en cómplice de la impunidad.
