Isidro Tomás Casco promovió una acción de amparo constitucional ante la Justicia contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) y el Hospital Universitario de San Lorenzo, del Departamento Central.
El Juzgado Penal de Garantías Nº 2 de Fernando de la Mora, con firma de la jueza penal Nancy Carolina Duarte Martínez, hizo lugar al recurso.
El lunes ordenó a la cartera sanitaria a que se encargue de los gastos de internación en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de la paciente Francisca Cohene de Casco, que ingresó al Hospital Universitario por Covid-19 y cuyo deceso se confirmó al día siguiente, conforme al Decreto 4010.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLa mujer es esposa de Isidro Tomás Casco, quien decidió recurrir a la Justicia porque no tenía condiciones para cubrir los gastos. La deuda rondaría los G. 130 millones.
El Decreto 4010 establece que el Ministerio de Salud está facultado a coordinar los planes y acciones con el sector privado de salud, a los efectos de la prestación de los servicios asistenciales y la distribución de los recursos en el marco de la emergencia sanitaria debido a la pandemia del coronavirus.
Convenios con hospitales privados
El director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, Osmar Valdez, señaló que la cobertura de gastos de la paciente se hubiera hecho igualmente en virtud del convenio que se mantiene con determinados sanatorios privados en el marco del Decreto 4010.
El convenio incluye al Sanatorio San Roque SRL, del que forma parte el Hospital Universitario San Lorenzo, el Hospital Central Samaritano SA, Sanatorio San Sebastián, Sanatorio Británico SA, Sanatorio Christian SRL y el Sanatorio Americano.
El funcionario explicó que, en estos casos, los gastos son imputados de los fondos de emergencia sanitaria y que por lo general se recurre a la acción de amparo cuando el accionante alega que el o la paciente tuvo una internación prolongada que sobrepasa su capacidad de pago.
El Ministerio de Salud cuenta con seis casos más en el mismo sentido, en el que solicitan a la secretaría de Estado que solvente los gastos restantes en el sector privado.
