Seis meses atrás, en un fallo considerado histórico, el ex presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol Ramón González Daher había sido sentenciado a 15 años de cárcel por usura y lavado de dinero; además por el delito de denuncia falsa. Su hijo, Fernando González Karjallo, a 5 años de prisión por lavado de dinero.
Mientras esperan la apelación, el padre camina tranquilo por las calles de la ciudad de Luque y su hijo disfrutaba en el pasado verano de las playas del Caribe. En el juicio oral se comprobó que el clan González Daher amasó una fortuna con un esquema corrupto de usura y doble cobro realizando aprietes a sus víctimas con ayuda del sistema judicial. Pese a todo, ambos pasean libres e impunes.
En otro caso de impunidad, el pasado diciembre, un tribunal de sentencia decidió extinguir la causa del diputado colorado Tomás Rivas por supuesta estafa, en el caso conocido como caseros de oro. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, realizada a partir de una publicación periodística de Última Hora, tres empleados particulares del diputado, que atendían sus negocios y casas, cobraban salarios de la Cámara de Diputados.
Cinco años de haber iniciado el proceso, se confirmó recientemente el juicio oral y público al ex fiscal general Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Las investigaciones comenzaron a finales del 2017; a raíz del proceso, Díaz Verón primero estuvo preso en Tacumbú, luego fue trasladado a la prisión militar de Viñas Cué y, finalmente lo beneficiaron con arresto domiciliario. En diciembre del 2019, Díaz Verón y el ex senador colorado Óscar González Daher eran declarados “significativamente corruptos” por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La lista de funcionarios y ex funcionarios de diferentes gobiernos que tienen procesos pendientes con la Justicia es muy extensa, pero todos tienen un denominador común: el manto de impunidad que los cubre.
Sin embargo, esa misma Justicia que consiente chicanas judiciales para los poderosos actúa rápida para castigar a quienes hurtan mandarinas o champús, como recientemente lo hizo la fiscala Laura Mercedes Giacummo, por un supuesto caso de hurto de un hombre por llevarse dos champús y un desodorante de un local comercial; y una jueza le dio el arresto domiciliario. La defensa del procesado explicó que —según la imputación— la persona supuestamente escondió entre sus pantalones dos champús, y un antitranspirante, cuyo valor es de G. 120.000, lo que constituye un hecho bagatelario, ya que equivalen a 1,2 jornales mínimos, cuando el máximo en este tipo de hechos es de 10 jornales.
En el año 2017, un adolescente había sido detenido tras robar mandarinas y limones de la vivienda del, en aquel entonces senador, Mario Abdo Benítez. El joven fue capturado por el guardia de seguridad de la residencia con una bolsa y mochila llenas de las frutas. Tras un proceso breve pero muy mediatizado, el Juzgado Penal de Garantías dio criterio de oportunidad y le sobreseyó definitivamente del delito de hurto agravado. El ahora presidente —quien en aquel momento se encontraba en campaña— incluso visitó al joven en su precaria vivienda.
El obispo salvadoreño Arnulfo Romero decía que la Justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos. Esa es la Justicia paraguaya.
Debemos aspirar a una Justicia que sea imparcial, objetiva e independiente, porque solamente un Poder Judicial independiente hará posible que los corruptos sean castigados y la ciudadanía ya no sea víctima de abusos y arbitrariedades.