No nos mintamos: los políticos no son los únicos que corrompen al Poder Judicial. Esa es una falsedad que se acepta por comodidad y conveniencia.
En verdad, el Poder Judicial es lastimosamente una tienda de saldos y ofertas, en donde –con buenos contactos y oportunas condiciones de pago– cualquier ciudadano puede conseguir lo inimaginable.
Los políticos quizás sean los alumnos más avanzados en la escuela del latrocinio jurídico. Pero no son los únicos que se sientan a esa mesa. Los comensales son varios.
Empresarios, abogados de gran renombre, multinacionales, gremios diversos, periodistas, funcionarios y otros deudos están invitados al banquete y siempre salen satisfechos.
En el Poder Judicial, antes que nada, rige la ley del mbarete. El que más tiene, más gana. A los meros mortales les queda el sometimiento irrestricto a los dictados de las disposiciones legales o las matufiadas jurídicas.
Cualquiera que recorrió los pasillos del Palacio de Justicia sabe con qué combustible suelen moverse los expedientes, afinarse las sentencias, apurarse las resoluciones y dotar de sabiduría conveniente a jueces de toda índole.
Tampoco hay que caer en el facilismo de sentenciar que todo el Poder Judicial en su conjunto es corrupto. Eso es un pensamiento fascista y torpemente maniqueo.
La corrupción judicial está institucionalizada, en el sentido de que no es accidental ni reducida a un coto específico.
Sin embargo y en contraposición, hay grandes focos de ecuanimidad y probidad. Existen grupos y personas que desde el propio interior de la entidad tratan de depurarla y de honrar la misión de tan importante poder del Estado.
Los audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) son una evidencia palpable del nivel de impunidad y descaro con que se manipula la Justicia y se trafica con ella.
No obstante, son solo una parte del problema. Enfocar todo en una modificación del JEM como panacea para restaurar de moralidad a la Justicia es un absurdo peligroso.
Poner a personas capaces e independientes de las presiones políticas, empresariales o coyunturales en el JEM será un gran avance, pero insuficiente.
Si no se desmantela la estructura de tolerancia social a los corruptos de poco o nada servirán los cambios.
Los paraguayos tenemos una convivencia obscena con la corrupción. Cínicamente la repudiamos, pero corremos a refugiarnos bajo ella cuando nos damos cuenta de que es el verdadero poder detrás del poder.
