La denuncia por la que se abrió la causa, presentada por el abogado Santiago Dupuy De Lome, apuntaba a que Cristina Fernández hizo las cesiones en favor de sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, para evitar los posibles embargos derivados de las causas penales que la involucran.
El juez federal Luis Rodríguez, encargado del caso, sostuvo que estas operaciones se realizaron en marzo de 2016, antes de que la ex jefa de Estado (2007-2015) fuera procesada y embargada, por lo que decidió sobreseerla.
“En esa fecha no solo no se encontraba procesada -ni se había decretado embargo alguno sobre sus bienes- sino que ni siquiera había prestado declaración indagatoria. Sí se encontraba convocada a hacerlo (el 26 de febrero anterior había sido convocada para el 134 de abril siguiente) en la causa conocida como ‘dólar futuro’”, señaló el juez en el fallo al que accedió la agencia estatal Télam.
Cristina Fernández está imputada en múltiples causas que la investigan principalmente por corrupción durante sus dos mandatos presidenciales, que le han valido embargos por sumas superiores a los 800 millones de pesos (unos USD 12,7 millones).
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El pasado 2 de diciembre, ocho días antes de jurar como vicepresidenta, se sentó en el banquillo de los acusados por una causa que investiga supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública, instancia que aprovechó para denunciar un proceso de ‘lawfare’ (judicialización de la política) perpetrado en su contra por el ex presidente Mauricio Macri (2015-2019).
La acusada reprochó las medidas judiciales en su contra, como la intervención de sus empresas, los registros en sus casas, embargos de sus cuentas y la intervención de la herencia de su fallecido esposo, el también ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007).
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“Ni qué hablar de la persecución a mis hijos, a Máximo y a Florencia, que cometieron un delito terrible; ser los hijos de Néstor y Cristina Kirchner”, enfatizó en ese momento.
