En comunicación con Monumental 1080 AM, los integrantes del Poder Ejecutivo expusieron los fundamentos. Alegaron el riesgo que esto representaría para acuerdos internacionales y las falencias en la redacción del texto.
La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, cuestionó que la normativa haya salido del Congreso sin poder precisar que el margen de preferencia a la industria local en las compras públicas al 40% sería por un tiempo determinado o sectorizado, de modo a que no afecten acuerdos internacionales.
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Liz Cramer explicó que se intentó hacer algunas modificaciones para que la ley sea viable, pero no se consiguió. Señaló que en el preacuerdo con la Unión Europea, el Paraguay es el único país que pudo conseguir un margen de preferencia para las compras locales.
Por otro lado, la ministra de Industria y Comercio señaló que cuando hay pocos oferentes para una compra del Estado, hay riesgo de oligopolios. “Pusimos a consideración del Congreso que hagan los cambios, para que sea sectorizado y con un plazo, pero la ley así como salió no nos daba esos márgenes”, aseguró.
Riesgos para el acuerdo Mercosur – UE
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas, explicó que en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, todos los países del bloque del Sur tienen accesibilidad a compras públicas en todos los países del Mercosur, a excepción de Paraguay.
“La verdad que (con la promulgación de la ley) se iba a generar una especie de falta de credibilidad hacia las posiciones paraguayas en las negociaciones. En el momento en el que se iniciaron las negociaciones cada país ponía su posición, colocaba pedidos de preferencia y los pedidos a los que se quería llegar”, aseguró.
Rivas Palacios reiteró que a Paraguay se le permite como caso excepcional que sus contrataciones públicas puedan llegar hasta un 20%. “Ahí nos diferenciamos por una cuestión de nación más favorecida”, expresó.
El canciller explicó que si bien el acuerdo Mercosur - UE aún no se firmó, las concesiones ya están definidas. “Una vez iniciadas las negociaciones no podemos cambiar eso. Más aún que somos el único país que ya ha sido beneficiado. Si hacemos eso, vamos a permitir que los demás países de la Unión Europea cambien sus pretensiones”, aseguró.
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El ministro de Relaciones Exteriores explicó que si el sector privado compite como se espera, con la ejecución del acuerdo Mercosur – UE, el PIB del Paraguay se incrementaría al 10%, lo que se trasladaría en una ganancia de USD 600 millones al año para las empresas locales.
Veto
El Poder Ejecutivo emitió el pasado jueves el Decreto 3867 por el cual vetó en forma total la Ley 6575/2020, que pretendía elevar el margen de preferencia de productos nacionales en las compras del Estado.
La decisión fue cuestionada por la Unión Industrial Paraguaya (UIP), que emitió un comunicado bajo el título La derrota del empleo y la formalidad, en el que dice que el Ejecutivo no tiene interés en promover políticas públicas de desarrollo industrial, “lo que seguirá evitando la generación de más empleos, y se mantendrán los altísimos índices de informalidad”.