La deuda pendiente con la juventud es enorme en Paraguay. A pesar de que la Constitución le confiere derechos y, por lo tanto, le obliga al Estado paraguayo a brindar servicios, queda un largo camino por recorrer, ya que ni siquiera cobertura educativa universal el país le ofrece.
Los datos más recientes de la Encuesta de Hogares Continua (EPHC 2023) señalan que el país cuenta con unos 1.500.000 jóvenes (15-29 años). De estos, 135.000 (9,1%) tienen 6 años o menos de estudio. Es decir, el país no pudo ofrecerles ni la posibilidad de culminar los dos primeros niveles de la Educación Escolar Básica. El sistema educativo los expulsó y cuando hay algún caso especialmente problemático en la prensa, se les amenaza con la cárcel o el servicio militar en lugar de preguntarse porque no se les garantizó el derecho a la educación. Solo 389.000 lograron llegar a 13 años de estudio, es decir, la cantidad de años que implicaría al menos la Educación Media.
¿Qué futuro le puede esperar a jóvenes que no logran culminar la educación media? ¿Qué le puede pedir el país en términos de identidad, compromiso con la Nación y productividad si fueron abandonados y en muchos casos estigmatizados por la sociedad?
La pobreza y el trabajo precario de los adultos del hogar, obliga a la juventud a trabajar de manera temprana, lo que afecta a sus oportunidades educativas presentes y les condena a un trabajo también precario el resto de sus vidas.
Casi la mitad de los jóvenes solo se dedica a trabajar (47,6%). Ya no estudia. A partir de los 25 años esta cifra se eleva al 71,3%. En un mundo tan competitivo y cambiante, haber dejado de estudiar al inicio de la trayectoria laboral es prácticamente una condena a una cadena perpetua de pobreza e informalidad. Solo el 22,3% estudia de tiempo completo y el 17,4% logra combinar trabajo con estudios.
Teniendo en cuenta estas condiciones educativas y un modelo económico casi sin cambios en términos de su complejidad y productividad en los últimos 30 años, los resultados económicos no llaman la atención.
Bajos ingresos y mala calidad del trabajo afectan a la mayoría de los jóvenes que trabajan. El 70,1% está en una ocupación informal y ni siquiera los asalariados logran estar mejor, ya que de estos, solo el 35% aporta a un sistema jubilatorio a pesar de que en este tipo de ocupación es un derecho del trabajador y una obligación del empleador.
La evasión al sistema previsional no solo es un problema para el joven y su oportunidad de contar con seguridad social, sino también para el resto de la población, ya que su aporte contribuye a darle sostenibilidad financiera al sistema.
El trabajo por cuenta propia, el trabajo doméstico y el trabajo familiar no remunerado ocupan a un tercio de la juventud. De “emprendedores” no tienen nada si se considera el concepto de la Real Academia Española “que emprende con resolución acciones o empresas innovadoras”.
Entre los asalariados, a la exclusión de la seguridad social se agregan los bajos ingresos. Solo la mitad logra ganar el salario mínimo obligatorio. En el total de jóvenes, el nivel de ingreso en promedio no llega al salario mínimo. Los hombres ganan alrededor del 89,0% del salario mínimo mientras que las mujeres el 76,9%.
El censo nos mostró que el país está reduciendo rápidamente su tasa de fecundidad, y junto con el aumento de los años promedio de vida –con retrocesos en la pandemia– estamos ante una rápida transición hacia el envejecimiento. Si el país no logra incorporarlos al sistema educativo y proveerle educación de calidad para más tarde incluirlos en empleos formales con seguridad social, no solo estaremos condenando a un futuro de pobreza a la juventud sino a toda la población.
La desaceleración de los históricos motores del crecimiento exige poner la mirada en el aumento de la productividad y en la expansión de la industria, los empleos verdes, el turismo y otros sectores con potencial para generar empleos formales para la juventud. Ello requiere acciones en dos sentidos. Por un lado, impulsar el aumento de las capacidades juveniles y, por otro lado, implementar medidas e incentivos para la expansión de estos nuevos sectores.
Además, hay que considerar que la juventud no solo requiere educación y trabajo para vivir bien, también actividades deportivas y recreativas, cultura y arte, bienestar psicológico, vida comunitaria, salud y cuidados, ámbitos casi inexistentes en las políticas públicas nacionales y municipales.
