Un juzgado rechazó la acción promovida por José María Costas Perdomo, pareja de Patricia Samudio, ex titular de Petróleos del Paraguay (Petropar), de nulidad absoluta de actuaciones en la causa por la cual está imputado por lesión de confianza. Ahora, el caso quedó en manos de la Cámara de Apelaciones.
En la acción promovida por Costas Perdomo, quien –según la acusación es el representante legal de la empresa de maletín que compró las aguas tónicas que fueron a parar a la sede de Petropar–, alega que no se establecieron correctamente los plazos procesales en la investigación de la causa.
Específicamente, indica que el juez no fue comunicado dentro de las 6 horas en que se inicio la investigación.
Al respecto, la fiscala María Luján Estigarribia indicó que todo el procedimiento realizado tiene plena validez.
La agente precisó que el acusado plantea incidente de nulidad absoluta de conformidad al art. 166 del CPP, sin embargo, este artículo se refiere a la intervención, asistencia y representación del imputado, cosa que no se ha vulnerado durante el proceso investigativo llevado a cabo por la Fiscalía.
empresa maletín. El Ministerio Público buscó la empresa Fortaleza Agropecuaria, que –según las investigaciones– compró las aguas tónicas que llegaron a la planta de Petropar. El número desde el cual se tramitó el negocio en realidad pertenece a la firma Triqueta SA, la cual tiene como representante a Costa Perdomo.
Esto evidencia una vez más el negociado que realizó la ex presidenta, junto con su pareja José Costa Perdomo y otros cuatro funcionarios de la estatal, para simular una millonaria compra de insumos para la emergencia sanitaria.
La Fiscalía tiene como prueba que el dinero en realidad fue para pagar una deuda del esposo de Samudio.
Inclusive, ambas firmas declararon el mismo domicilio fiscal; por lo tanto, los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera expusieron en la acusación que “las circunstancias denotan con certeza que la firma Fortaleza pertenece al acusado”.
El pasado martes, el Ministerio Público acusó a Patricia Samudio, a Costa y a los funcionarios de Petropar Félix Chávez, director de la Dirección Operativa de Contrataciones; Roberto Cabrera, gerente; Miguel Cáceres, asesor de presidencia; y Freddy Careaga, todos por supuesta lesión de confianza, por supuestamente conformar una estructura para hacer figurar la compra de insumos. El perjuicio total es de G. 346.700.000.