La fiscala Natalia Cacavelos formuló la imputación contra el ex titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), sospechado de orquestar la sustracción de unos 380 cheques que la Fiscalía tenía como evidencia y debía presentar durante el juicio oral en el cual fue condenado a 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y declaración falsa.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para RGD, debido a que existen suficientes sospechas de que el ex dirigente deportivo se encuentra maniobrando para la obstrucción de la investigación en su contra y que también sigue operando en su esquema de apriete.
Días atrás, una comitiva fiscal allanó la vivienda de Ramón en busca de las 380 hojas de cheques que fueron sustraídas del juzgado de Delitos Económicos del juez Humberto Otazú, en el mes de agosto del año pasado.
Esta diligencia se realizó en respuesta a una denuncia formulada ante el Ministerio Público por parte del empresario Alfredo Antebi, quien entregó a la Fiscalía 88 cheques que había recibido de RGD en el tiempo en que fue sometido a su esquema, según confirmó el abogado Marcio Battilana.
Entre estos 88 cheques se encontraban 3 hojas de cheques que fueron hurtadas del Juzgado de Delitos Económicos, lo que demuestra que esos documentos fueron a parar nuevamente en poder del hoy condenado por usura, lavado de dinero y declaración falsa, quien a su vez, utilizaba de nuevo esos documentos en su esquema de apriete por el cual ya recibió sentencia.
Según la denuncia, fue el propio Ramón González Daher quien le entregó esos a Antebi, luego de presionarlo.
Inclusive, el día en que el potentado fue condenado a 15 años, este comenzó a llamarle y a apretarle al empresario, quien era su deudor y posible víctima de usura.
Durante el juicio oral contra Ramón se pudo comprobar el esquema de apriete y doble cobro que realizaba el prestamista luqueño con la ayuda de jueces y fiscales para su beneficio. Por pedido del Tribunal de Sentencia, tanto la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General del Estado dispusieron la investigación de las actuaciones de jueces y fiscales que atendieron las denuncias falsas de Ramón contra sus víctimas.