El proyecto sancionado por el Congreso tiene que ver con la transferencia a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de las tierras conocidas como Marina Cué, que están a nombre del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) en el distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú.
“Esto era algo muy esperado, porque desde el momento que me incorporé a la lucha, ese fue el eslogan que habíamos decidido tener. Que era tierra, justicia y libertad. La libertad la obtuvimos cuando nadie creía que se lograría. Lo mismo con la tierra, fue muy duro darle seguimiento, pero se pudo lograr”, expresó la activista Guillermina Kanonnikoff en entrevista con Monumental 1080 AM.
Para la luchadora social, la decisión del Congreso y el apoyo del Gobierno Nacional significa un resarcimiento justo para las personas que habitan en la zona.
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Las tierras en cuestión permanecieron en litigio durante años, por la propiedad ubicada en la colonia Yvyra Pytã, ciudad de Curuguaty, más conocida como Marina Cué. Fue el lugar donde 11 campesinos y seis policías perdieron la vida tras un operativo irregular de desalojo el 15 de julio de 2012.
Aquella situación, conocida como la masacre de Curuguaty, enlutó al país y dejó huellas imborrables para decenas de familias paraguayas
“Marina Cué se convierte en un hito histórico y sobre la sangre derramada y el poder de resarcir de esta forma, tiene un sentido muy importante de traer un poco de paz a un lugar donde tanto odio y conflicto resistió”, agregó la mujer.
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Kanonnikoff destacó que durante todo este tiempo de lucha con los afectados por los conflictos de esa tierra, pudo ver que los pobladores construyeron su colonia dejando atrás el odio y el dolor.
“Hoy se tiene una comunidad a partir del dolor pero con amor, y ese amor hizo que Marina Cué sea reconocida por el Gobierno Nacional. Hoy tienen escuelas, capillas, almacenes de consumo y tienen 160 familias”, sostuvo.
Transferencia para campesinos será de 1.740 hectáreas
Por otra parte, la presidenta del Indert, Gina González, explicó que las tierras totalizan unas 22.000 hectáreas, de las cuales 1.740 serán transferidas a los pobladores de la comunidad.
“Estas 1.740 hectáreas están completamente ocupadas, ya no hay bosques ahí y como era imperiosa la necesidad de resolver el problema de la comunidad, la transferencia es el resultado del trabajo de las diferentes instituciones”, dijo la funcionaria.
González aclaró que tras la regularización de las tierras, las personas de la comunidad son las que deberán pagar al Indert por los diferentes inmuebles.
“Después de esto ya se proyecta la ley de energía donde estamos trabajando con la ANDE, también vamos a tener el trabajo de loteamiento, de apertura de calle, entre otros”, adelantó.
En la comunidad Marina Cué viven alrededor de 160 familias. Muchos de los pobladores son parientes de los fallecidos en la masacre y de los condenados por la muerte de policías.
Están ubicados en un margen fuera de la zona boscosa de la propiedad declarada por el Gobierno como la Reserva Natural Yvera. Marina Cué, la cual está prácticamente rodeada por cultivos de soja.
