16 sept. 2024

“La acumulación de poder en un solo sector puede derivar en autoritarismo”

El cardenal enfatiza que la falta de equilibrio entre poderes lleva a la crisis y debilita la gobernabilidad. Ve con preocupación la situación de indígenas y campesinos, así como los abusos de niños, niñas y adolescentes.

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Al cumplirse 24 meses en que el monseñor Adalberto Martínez fue creado como primer cardenal del Paraguay por el Papa Francisco, el arzobispo metropolitano dialoga con ÚH sobre varios temas sensibles y actuales de la realidad nacional.
–En estos dos años, ¿cómo ve el pueblo paraguayo la gracia de tener a su primer cardenal?

–Bueno, esta pregunta habría que hacerle a la gente. Creo que el pueblo paraguayo ve la gracia de tener a su primer cardenal como un signo de esperanza y reconocimiento. La cercanía del arzobispo con las comunidades, especialmente con los más necesitados, ha generado un sentido de apoyo espiritual. Además, se puede percibir como una oportunidad para fortalecer la fe y los valores dentro de la sociedad paraguaya.

–¿Cómo ve las acciones que implementa el Gobierno para apoyar a familias vulnerables, sobre todo con la protección social de niños y adolescentes?

–Las acciones del Gobierno deben centrarse en fortalecer la protección social de las familias vulnerables, de los niños y adolescentes. Se espera que estas iniciativas incluyan acceso a servicios básicos, salud, educación, trabajo y apoyo psicosocial, lo cual es crucial para mejorar su calidad de vida y asegurar su desarrollo integral. La colaboración entre el Gobierno y la comunidad es fundamental para implementar medidas efectivas y sostenibles y que ningún niño pueda ser excluido, sobre todo aquellos que tienen discapacidades. El Gobierno debe comprometerse a prevenir las desapariciones forzadas, a investigar los casos existentes y garantizar que los responsables sean llevados ante la Justicia.

–¿En qué ámbito es urgente trabajar para superar las divisiones entre paraguayos?

–En Paraguay nos hace falta el sentido del bien común. Un ámbito prioritario es favorecer la cultura del encuentro y fomentar el diálogo inclusivo entre diferentes sectores y actores de la sociedad. Es necesario promover la confianza que nace del encuentro entre las comunidades, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil. Además, vemos la necesidad de abordar las profundas inequidades sociales. El sínodo, que significa caminar juntos, fue una experiencia que tuvimos en la Arquidiócesis y que ayudó a sentarnos a dialogar con diferentes sectores de la sociedad sobre los problemas y las dificultades más urgentes que necesitan ser abordadas y resueltas en común. Invito a todos a leer la carta pastoral de los obispos del Paraguay: “Itaipú, una oportunidad de diálogo y concertación social para el bien común” (www.episcopal.org.py). Es un instrumento valioso que contiene orientaciones importantes para establecer una agenda país para el logro del bien común.

–¿Cómo puede la sociedad civil, incluyendo la Iglesia, vigilar y promover una gestión transparente en las licitaciones públicas?

–La sociedad civil organizada, los observatorios ciudadanos, las universidades y otras organizaciones no gubernamentales pueden ayudar subsidiariamente al control y la transparencia de los actos públicos. Para ello, el cumplimiento del acceso a la información pública es una herramienta fundamental. Pero la transparencia en el buen uso de los recursos y la rendición de cuentas es competencia de los órganos públicos creados para el efecto, como la Dirección de Contrataciones Públicas, la Contraloría General de la República, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio Público, entre otros. En definitiva, se trata del cumplimiento estricto de las leyes y regulaciones de las que dispone nuestro ordenamiento jurídico y que apuntan a la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas.

–¿Cómo ve el contexto político actual y el actuar de las autoridades nacionales de los poderes del Estado?

–El Paraguay se declara una República, basada en la independencia de los poderes del Estado y fundada en la dignidad humana, como establece la Constitución Nacional. La nuestra es una democracia representativa, participativa y pluralista. Son tres características que debemos cuidar.

Por mandato constitucional, la dictadura está fuera de la ley. La acumulación de poder hacia un solo sector puede derivar en abusos y autoritarismo. La falta de independencia puede resultar en la vulneración de derechos humanos y libertades fundamentales; la falta de equilibrio entre los poderes puede llevar a conflictos y crisis políticas, debilitando la gobernabilidad.

Los políticos que se identifican como cristianos católicos tienen la responsabilidad de actuar con integridad y coherencia, promoviendo valores de justicia y ética. Es crucial que prioricen el bienestar común sobre intereses particulares, de personas o de grupos, y mantengan un compromiso genuino con la transparencia y la ética en la gestión pública.

Es incompatible ser cristianos y corruptos.

–El proyecto Hambre Cero en las escuelas busca mitigar la desnutrición infantil. ¿Cuáles son sus expectativas sobre la implementación de este programa y cómo ve su ejecución, cuando vimos que nuevamente a los más vulnerables, los indígenas en el Chaco le hicieron llegar alimentos en mal estado?

–La implementación del programa Hambre Cero tiene el potencial de mejorar la nutrición infantil y fortalecer la seguridad alimentaria. Sin embargo, la ejecución debe ser rigurosa y transparente para evitar problemas, como la entrega de alimentos en mal estado, especialmente a comunidades vulnerables como los indígenas en el Chaco. Es necesario que haya un monitoreo efectivo y una participación activa de la sociedad civil para garantizar que se cumplan los objetivos del programa y se protejan los derechos de todos los ciudadanos.

–¿Observa que la situación está mejorando para campesinos e indígenas que constantemente son amenazados y desplazados?

–Una vez más, aquí se trata del cumplimiento de los mandatos constitucionales. Las autoridades que tienen cargos de responsabilidad han jurado cumplirlos y hacerlos cumplir.

Si se cumplieran cabalmente los artículos 114 y 115 de la Constitución Nacional, el desarrollo rural está garantizado en el Paraguay y, por consiguiente, la respuesta a los graves y urgentes problemas campesinos.

De igual manera, el Capítulo V de la Carta Magna reconoce y garantiza los derechos de los pueblos indígenas. Estos derechos están reglamentados en la Ley 904, Estatuto de los Pueblos Indígenas. Exhortamos vivamente a las autoridades nacionales al cumplimiento fiel del marco normativo de la República del Paraguay en favor de las comunidades indígenas.

La situación de los campesinos y las comunidades indígenas en Paraguay sigue siendo preocupante. Aunque ha habido algunos avances en la visibilización de sus derechos y en el apoyo de sus organizaciones, los problemas de desalojo, desplazamiento y amenazas persisten. Para mejorar la situación, se requiere un compromiso sostenido por parte del Gobierno, así como la implementación efectiva de políticas que protejan sus derechos y territorios.

–¿De qué manera la Iglesia puede contribuir a concienciar a la población de no callar y denunciar y, especialmente, prevenir los abusos de niños, niñas y adolescentes?

–Los obispos asumimos, basados en la misión y el ejemplo que nos dio el propio Jesucristo, en cuyo nombre servimos, proteger a los menores, así como a toda persona vulnerable y evitar todo tipo de abusos. Por esta razón, y movidos por el amor a la Iglesia y a la verdad sobre las enseñanzas del Señor, queremos hacer cuanto sea necesario –con caridad, pero con justicia– para evitar los males que provienen de los abusos que algunos ministros, religiosos, religiosas o colaboradores de la Iglesia puedan cometer contra los menores de edad y las personas vulnerables.

–¿Qué medidas han tomado desde la Iglesia?

–Para enfrentar este tipo de delitos aberrantes, hemos aprobado unas líneas guía, estableciendo, entre otras indicaciones, en forma pormenorizada los procedimientos a seguir en las diócesis, comunidades y espacios pastorales ante una denuncia de abusos contra menores o personas vulnerables, conforme a la normativa de la Sede Apostólica. Pretendemos así favorecer la colaboración que le cabe a la Iglesia en el esclarecimiento de estos hechos, en armonía y con pleno respeto a las normas canónicas universales y el derecho paraguayo. No es suficiente emplear solo el perdón, la misericordia y una adecuada terapia, es necesaria la justicia.

–¿Qué se ha hecho desde la Arquidiócesis de Asunción con respecto a este tema?

–En la Arquidiócesis de Asunción, hemos creado una pastoral denominada Pastoral del Cuidado, su oficina funciona en el Seminario Metropolitano y busca fomentar la cultura del cuidado, del buen trato con las personas y la protección a través de la construcción de entornos saludables en los ámbitos eclesiales; desarrolla programas para la prevención de todo tipo de abusos, también los abusos de poder, que generalmente están en la raíz de todo tipo de abuso en los ambientes eclesiales; ofrece un espacio de acogida, escucha y orientación a las personas que sufrieron abuso por parte de algún miembro de la Arquidiócesis; ofrecer orientación a los agentes pastorales sobre cómo proceder ante la detección de un caso de abuso sexual.

–¿Es suficiente lo que viene haciéndose sobre este tema?

–Nunca será suficiente la lucha contra los abusos si permanentemente no realizamos talleres de concienciaciones y prevenciones sobre este flagelo, en todas la parroquias y ámbitos eclesiales, colegios, escuelas, universidades, en las comunidades religiosas.

–¿Qué mensaje daría a autoridades y ciudadanía para fomentar un auténtico diálogo social y trabajar juntos hacia la “patria soñada”?

–A las autoridades y a la ciudadanía, les diría que el auténtico diálogo social es fundamental para construir una “patria soñada”.

–¿Qué más hace falta?

–Es esencial también fomentar redes de colaboración, con las instituciones del Estado que trabajan con la niñez y adolescencia. La mayoría de los abusos de niños, niñas adolescentes ocurren en entornos familiares con cifras que van en aumento. La Iglesia está para colaborar con las instituciones, para prevenir los muchos abusos que suceden en entornos extraeclesiales, especialmente de los más vulnerables y personas en situación de vulnerabilidad. Fomentar la empatía y la colaboración, así como comprometerse a trabajar juntos en soluciones inclusivas, pueden ayudar a superar las diferencias, crear un futuro más justo y equitativo. La unidad en la diversidad es clave para avanzar hacia una sociedad más solidaria y democrática.

–¿En qué consiste su misión como pastor de la Iglesia paraguaya?

–Esta misión es velar sobre el rebaño que me ha sido confiado, cuidando todo aquello que lo mantiene unido: vigilar con atención sobre los eventuales peligros que lo amenacen, pero sobre todo para cuidar la esperanza: que haya sol y luz en los corazones. Ser capaz de sostener con amor y paciencia los pasos de Dios en el pueblo. Con ustedes, sus oraciones, su compromiso, su colaboración, su trabajo solidario como miembros de la Iglesia, será posible llevar adelante los objetivos pastorales propuestos.

El día que fue más esperado durante 475 años “Al escuchar mi nombre sentí que fue una bendición para todo el país que estaba en espera de tener un cardenal desde hace años y años”, con palabras que el monseñor Adalberto Martínez Flores expresaba al medio Vaticano News, su sentir en aquel acto de creación de cardenal que contó con la presencia del Papa, la mañana del 27 de agosto de 2022. Sus expresiones también eran de la feligresía católica paraguaya que a pesar de ser la primera sede de la Diócesis del Río de la Plata, hace 475 años, nunca había contado con un purpurado en sus filas. Con el fin de la espera, el cardenal viene cumpliendo sus tareas. Entre sus eventuales funciones está la de poder ser parte del cónclave para elegir al Papa.
La falta de independencia entre los poderes puede resultar en la vulneración de derechos humanos y libertades fundamentales.
Aunque ha habido algunos avances para campesinos e indígenas, los problemas de desalojo, desplazamiento y amenazas persisten.
Queremos hacer cuanto sea necesario –con caridad, pero con justicia– para evitar los males que provienen de los abusos.
Las acciones del Gobierno deben fortalecer la protección social de las familias vulnerables, de los niños y adolescentes.
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Trabajo. La Iglesia puede colaborar con el Gobierno para asistir a los más vulnerables, señala.

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