“Es una opción que ya existía”, afirma Graciela Fescina, la titular de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA), el organismo estatal que regula la lista de inscritos para adoptar en el país, e insiste en que ambas situaciones “no son comparables por la finalidad que tienen uno y otro”.
Para que la Justicia declare que un menor está en “situación de adoptabilidad” debe haber pasado un máximo de 180 días desde que se da la incapacidad de los progenitores para ocuparse de él, un período en el que este reside en un hogar transitorio y se buscan soluciones que involucran a la familia biológica.
Fescina explicó a Efe que el Estado comienza a “detectar” y, si es necesario, “actuar” sobre los problemas que puedan derivar del entorno familiar de un infante “cuando empiezan a escolarizarse”, sobre los cuatro años.
En este sentido, aclara que la intervención del Gobierno se produce habitualmente a partir de esta edad, lo que choca contra las 4.810 familias que manifiestan su voluntad de adoptar niños o niñas de hasta un año de edad, lo que supone el 90 % de los legajos vigentes en Argentina.
Nada indica que estas cifras cambiarían con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo e incluso con el rechazo a la ley, ya que no es habitual que las madres piensen en esta práctica al dar a luz y por ello -sumado a las circunstancias en las que interviene el Estado- los niños que se pueden acoger suelen superar los tres o cuatro años de edad.
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Además, hay quienes consideran que el sistema actual es muy “precario” y que el Estado es “ineficiente” a la hora de gestionar los períodos que conlleva el proceso de adopción.
“Si un bebé es entregado por una madre que no quiere tenerlo, tal y como está el sistema hoy, ese niño crecería en una institución, donde tienen un promedio de cinco años” hasta ser adoptados, recalca Mariana Incarnato, directora de Doncel, una asociación que trabaja para ayudar en la transición de jóvenes sin familia a la adultez.
Llevar adelante un embarazo es “una decisión personal”, asegura, incluso cuando hay “un abandono por deseo o por necesidad”, que es cuando el Estado interviene, pero no puede hacerlo “a priori”.
Por otra parte, los defensores de frenar la ley se acogen al artículo del Código Civil que establece que los padres pueden pedir libremente que el recién nacido sea adoptado -la decisión tiene que tomarse en los siguientes 45 días al parto- para argumentar que el aborto no debería ser una opción viable.
“Argentina prioriza que el niño permanezca con la familia de origen y, en caso de que la familia no pudiese, se decidiría la opción de adopción”, explica Valeria Methol, abogada y asesora en la Cámara de Diputados.
El problema para quienes están en contra de legalizar el aborto, representados por la campaña “Salvemos las 2 vidas”, reside en que la mujer no recibe el apoyo social y económico necesario para pasar por un embarazo y eso potencia el querer interrumpirlo.
Por ello, algunos legisladores buscan aprobar un proyecto alternativo que involucra el concepto de “adopción prenatal” y que consiste en “garantizar” un “acompañamiento por parte del Estado” durante la gestación hasta el momento del nacimiento, cuando se podrá dar “voluntariamente” al bebé en adopción.
“El acompañamiento sería con psicólogos y con ayuda económica. Todo esto tiene que estar regulado con un juez porque se tienen que evitar cuestiones como la compra de niños”, informa Methol a Efe.
Lo que no define el proyecto es con base en qué parámetros se otorgaría una ayuda social y psicológica a la persona gestante -aunque el texto preliminar no habla de ayuda económica-, teniendo en cuenta que “la madre puede decidir cuando da a luz quedarse con el niño”, según Methol, y, por tanto, no existe ningún tipo de compromiso de dar al recién nacido en adopción tras el parto.
Esto es importante, aclara la abogada, para evitar que “se provoque un negocio” a raíz de un embarazo.
A espera de la votación que tendrá lugar en el Senado el próximo 8 de agosto, el debate sobre la ley que busca despenalizar el aborto se encuentra en pleno tratamiento a través de debates semanales en los que participan expositores a favor y en contra del proyecto.
La adopción como solución es el principal argumento de los detractores de la ley, mientras que se desconoce si el sistema está preparado para modificaciones de tal envergadura y hace reflexionar sobre el apoyo que reciben las mujeres embarazadas en el país
