El primero fue la aprobación del veto del Poder Ejecutivo a la ley que integra los gastos socioambientales de las binacionales al Presupuesto General de la Nación (PGN), con lo que el proyecto quedó archivado. Estos fondos son usados con frecuencia en proselitismo para el Partido Colorado, sin control, y la norma permitía transparentar el dinero y destinarlo exclusivamente a salud, educación y ANDE.
“Transparentar el uso de los fondos sociales de las binacionales es una obligación de la clase política. Al aprobarse el veto se demuestra otra incoherencia más del Gobierno de la ‘gente’”, expresó el diputado liberal Carlos Silva.
En tanto que el liberal Pastor Vera Bejarano anunció que seguirán intentando trasparentar las binacionales.
El segundo fue la maniobra, en dos ocasiones, de dejar sin cuórum la sesión, incluso por mandato que provino del propio Ejecutivo, para no tratar el proyecto que cancela la licencia y penaliza a las empresas del transporte público que incurren en reguladas, cuando el usuario sufre graves hacinamientos en los colectivos y largas esperas en las paradas, en pleno pico de contagios por Covid-19.
La orden le cayó al cartista Basilio Bachi Núñez, quien dejó sin querer encendido su micrófono y se le escuchó pedir a su bancada que se retire porque el MOPC le pidió que no se trate el proyecto.
Con ello, se evidenció nuevamente que el cartismo es gobierno, pese a que intentó desmarcarse del oficialismo, con sus críticas al presidente de la República Mario Abdo Benítez.
“Evidencia un contubernio de la clase política que nuevamente realiza un arreglo de cúpula desdeñando el derecho que tienen los usuarios del transporte público”, manifestó la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN).
La legisladora indicó que se notó la protección política que recibe el sector transporte, ya que es imposible que la ley cause agravio a los empresarios que cumplen las normas. “Acá el problema es que la gran mayoría de los transportistas están presionando a la clase política, especialmente al partido de Gobierno, porque los colorados fueron los que no quisieron tratar este asunto por orden del MOPC. No son capaces de aplicar sanciones”, aseveró.
El liberal Édgar Acosta resaltó que es necesario que la ciudadanía sepa que fue la ANR la que se opuso a tratar el proyecto.
Por su parte, el colorado Hugo Ramírez, recientemente independiente, pero afín a Colorado Añetete, intentó desmarcarse del salvataje a los transportistas y se mostró en contra de las reguladas. “Nos dejaron sin cuórum, el mensaje que le estamos dando a la ciudadanía es que nada nos importa. Seguiremos insistiendo con el tratamiento de esta ley y el desarrollo de nuevas alternativas”, puntualizó el legislador.
El tercer punto que causó gran repudio ciudadano fue la denuncia impulsada por el Partido Colorado, que tiene de caras visibles a los diputados Pedro Alliana y Basilio Núñez, contra un grupo de estudiantes, que luego fueron imputados por la Fiscalía en el marco de la investigación de la quema a la sede de la ANR.
Se evidencia un contubernio de políticos que hacen un arreglo de cúpula desdeñando a ciudadanos. Kattya González, diputada del PEN.
Al aprobarse el veto a la ley de binacionales se demuestra otra incoherencia más del Gobierno de la ‘gente’. Carlos Silva, diputado del PLRA.
Nos dejaron sin cuórum. El mensaje que le estamos dando a la ciudadanía es que nada nos importa. Hugo Ramírez, diputado de ANR.
