“El déficit primario (ndlr: antes del pago de intereses de la deuda) de 2,4% del PIB representa el sobrecumplimiento de la meta fiscal establecida en el Programa de Facilidades Extendidas (2,5% del PIB)”, señaló la cartera en un comunicado.
El objetivo fue acordado en la negociación cerrada a comienzos del año pasado, cuando el FMI aprobó el programa para refinanciar un préstamo de 44.000 millones de dólares contraído por Argentina durante el gobierno anterior. El 22 de diciembre pasado, en Washington, el FMI dijo sentirse satisfecho con la política económica que el gobierno argentino puso en marcha desde julio pasado, al destacar una inflación a la baja, una mejora de la balanza comercial y también de las reservas de divisas.
La inflación se moderó pero aún así alcanzó al final del año el nivel de 94,8%, uno de las mayores del mundo. “Los desequilibrios macroeconómicos por corregir se mantienen y las condiciones siguen siendo frágiles”, destacó Gita Gopinath, directora general adjunta del Fondo, citada en la declaración de respaldo del FMI de diciembre. Las próximas metas de déficit fiscal acordadas con el organismo son de 1,9% del PIB en 2023 y de 0,9% en 2024.
Hasta octubre, la economía argentina acumuló una expansión de 6,1%. El FMI estimó que el cómputo final del año, que se conocerá oficialmente en febrero, llegó a 4% de crecimiento, en tanto estima un alza de 2% del PIB para 2023.
FMI advierte. La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el viernes en Davos que las subvenciones occidentales para combatir el cambio climático y fomentar la transición a fuentes de energía limpias podrían perjudicar a los mercados emergentes y en desarrollo.
“Mi mayor preocupación es que algo que en principio es muy bueno para acelerar la transición a la economía verde mediante el uso de dinero público para aumentar la inversión privada (...) puede no servir bien a los mercados emergentes y al mundo en desarrollo”, dijo Kristalina Georgieva en el Foro Económico Mundial de Davos, que terminó ayer viernes en Suiza.
Estados Unidos, bajo la presidencia de Joe Biden, aprobó la llamada Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que permite importantes subvenciones y recortes fiscales por valor de unos 370.000 millones de dólares para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Esas medidas la convierten en el mayor programa estadounidense de lucha contra el cambio climático.
La Unión Europea se plantea responder también con subvenciones frente al temor de que la ley anime a las empresas a trasladar sus fábricas y su producción a Estados Unidos.
Georgieva advirtió de que las subvenciones podrían provocar transferencias de tecnología y producción desde los países emergentes más pobres hacia los más ricos.
“Si nos esforzamos para que el mundo industrializado sea limpio y no pensamos en los mercados emergentes, estamos fritos”, afirmó.