El país no es el mismo de entonces, ha hecho avances, pero sigue invirtiendo muy poco en salud pública. Eso se traduce en pocos hospitales con estructura adecuada y enormes dificultades para acceder a exámenes laboratoriales y de imagen. Faltan equipos de radioterapia y conseguir los medicamentos quimioterápicos constituye una aventura extrema. Una explicación necesaria. Los ciclos de quimioterapia tienen una secuencia lógica que debe cumplirse según los protocolos de cada enfermedad. Eso, básicamente, depende de la velocidad de crecimiento celular, del mecanismo de acción de la droga y de la duración de su efecto. Si no se ejecuta estrictamente el calendario establecido, la eficacia de la terapia disminuye.
El costo del tratamiento fue ampliando la brecha entre los países ricos y los pobres. Nuevos medicamentos como los anticuerpos monoclonales y variados tipos de inmunoterapia mejoraron notablemente el pronóstico de las neoplasias, pero a un costo inaccesible para la mayoría de los bolsillos normales. En estas enfermedades catastróficas hay que contar con el apoyo del Estado. Las rifas y polladas no bastan. Todos los cánceres, linfomas y leucemias tienen factores pronósticos. En el Paraguay hay que agregar uno, sumamente importante: El factor social. El cáncer es una enfermedad clasista. El tratamiento óptimo está al alcance de una minoría poblacional que puede pagar el costo de los estudios y el tratamiento de su propio pecunio. Luego está el grupo –uno de cada cinco compatriotas– que tiene cobertura del seguro de salud del Instituto de Previsión Social, que en estos casos, se convierte en una salvación.
Para el resto de los enfermos –y esto incluye a los beneficiarios de la mayor parte de las empresas de medicina prepaga– quedan los hospitales públicos. No hay muchos y, aunque difieren en sus especificidades, comparten un denominador común: La carencia presupuestaria. Es decir, enfermos incompletamente estudiados, tratados de modo irregular, sin la quimioterapia ideal y en ambientes hospitalarios poco amables. Queda el atajo desesperado de los recursos de amparo. El Ministerio de Salud y el IPS los reciben por centenas, el 70% para fármacos oncológicos. Los jueces los conceden y no los culpo, pues la salud es un derecho constitucional, pero convengamos que es una manera poco racional de decidir quién se trata y quién no. Unas 12.000 personas son diagnosticadas de cáncer en Paraguay cada año. Hay muchas cosas que el Estado puede hacer por ellas, pero falta presupuesto. Porque el principal problema, aunque no el único, es la falta de inversión en salud. Lo inmoral es que ese dinero se malgaste en planilleros, nepobabies y otros especímenes del clientelismo político. Por eso, era más que razonable el proyecto de ley que planteaba aumentar en 2% el impuesto al consumo de tabaco para destinarlo a un fondo blindado para pacientes del Instituto Nacional del Cáncer. Nada extraordinario. Somos el país con una de las cargas impositivas al tabaco más bajas del mundo. Además, el proyecto Hambre Cero había quitado 85.000 millones de guaraníes del ya escuálido rubro de medicamentos oncológicos, sin que quede claro cómo se repondrán esos fondos.
Los diputados cartistas-colorados y satélites votaron en contra, sin ofrecer ninguna alternativa a las asociaciones de pacientes que suplicaban su apoyo.
Una muestra de inhumanidad pocas veces vista. No se puede decir que se doblegaron ante el lobby del sector tabacalero, porque todos saben que la cosa es más simple. Obedecieron una orden del tabacalero que “ya vendió su empresa”. Para mí que todavía tiene algo que ver, pues de lo contrario no se explica este comportamiento tan miserable. Lo que me enferma es que esta bancada vendida al tabaco tenga la caradurez de proclamarse “provida”.
