El modus operandi es una copia de lo que sucedió con la Superintendencia de Jubilaciones, cuando en plena madrugada se incorporaron modificaciones para presionar su aprobación en medio de fuertes cuestionamientos y manifestaciones con represión policial.
Esta vez, una nueva versión de la ley garrote circuló el fin de semana con la intención de dividir a los detractores y promulgar un texto que en esencia sigue persiguiendo a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), cuyas campañas de incidencia molestan a la clase política.
Molestan porque son una herramienta democrática que funciona como contralora de los poderes del Estado que están copados por una sola corriente, la que apaña a corruptos, narcotraficantes y utiliza la desinformación en busca de una ficticia aceptación de la sociedad no organizada. A su paso atacan a personas defensoras de derechos humanos como Susana Oviedo, Jazmín Acuña, Adriana Closs, Esther Roa, Leonardo Gómez y Alcibiades González Delvalle, entre otros que instalan interesantes debates para contrarrestar la única mirada que ofrece el oficialismo colorado sobre cómo debe funcionar un país.
La ANR es experta en fingir debates. Con los votos cantados, los diputados extendieron una sesión en que ya tenían una clara indicación de aprobar los cambios con los ojos cerrados. Por supuesto que no fue del agrado de los senadores que ya habían hecho su trabajo de obedecer con la media sanción al proyecto, pero tal como estaba el texto, el presidente Santiago Peña no veía chances de promulgar la normativa y le tocó “arreglarla” para que se viera “más legal”.
Se preocupa porque avizora una sociedad que accionará y expondrá a Paraguay ante la comunidad internacional con evidentes elementos de abuso de poder propios de una dictadura, lo que también implica un perjuicio económico, pues las inversiones no vendrán a un país inestable y sin seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica también se mide por la libertad de expresión y organización de sus ciudadanos.
Para el senador Gustavo Leite, ex ministro de Horacio Cartes, es una boludez la modificación que incorporó Peña y en cierto sentido tiene razón, porque en realidad el documento mantiene la esencia de atacar a las OSFL. El legislador no niega haber enviado dicho audio que se filtró en medio de las negociaciones, donde no tuvo participación la oposición, aunque trata de darle una interpretación menos gravosa, en la que no admita una inconstitucionalidad , pero sigue siendo grave su parecer porque además se desempeña como vicepresidente de la Comisión Bicameral de Investigación, que se encargó de recopilar y tergiversar la información en un intento de legitimar la ley garrote.
El proyecto se presentó como única opción para lograr la transparencia de las OSFL cuando en realidad estas ya brindan sus datos a varias instituciones del Estado, incluyendo la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, una burocracia que en la práctica de hecho obstaculiza un fluido desarrollo de sus actividades. Esto no bastó para acallar a las organizaciones y el cartismo impone una normativa que busca eliminarlas. El trámite político está a punto de cerrar, ya que el texto pasa nuevamente al Senado, donde los colorados ya tienen la orden de aprobar la segunda versión “menos excesiva”.
Pero esta estrategia de opresión no puede prolongarse en el tiempo, los colorados olvidan la resiliencia social y que las crisis pueden despertar un movimiento unísono.
