Honor Colorado lleva adelante a tambor batiente un proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, largo título para maquillar la intención de control policial, persecución y proscripción de organizaciones de la sociedad civil que cuestionan la corrupción pública y de paso difamar a periodistas por incordiar a Honor Colorado.
A esto se sumó la instalación de una comisión para perseguir supuestamente el lavado de dinero, pero jocosamente la instancia legislativa consideró que Paraguay, cuarto en el ránking mundial del crimen organizado, centro del lavado de dinero y ruta del narcotráfico gracias a la complicidad institucional, los que lavan dinero son unas pocas ONG, con la complicidad de Usaid (fondo de EEUU).
Para que no queden dudas de la seriedad de la investigación, el Congreso eligió a sus “mejores representantes” para la CBI: Dionisio Amarilla, liberal expulsado del Senado en el periodo anterior acusado de corrupción, y recientemente expulsado del PLRA por alinearse a los intereses del cartismo. El diputado tránsfuga Jatar Fernández, ex Cruzada Nacional, hoy peón de Honor Colorado a cambio de impunidad. Acusado de invadir una quinta en Ayolas y de apoderarse de una embotelladora (que la familia recuperó tras un pleito judicial).
Sigue en la lista el diputado Rodrigo Gamarra, cuyo idioma es el insulto permanente, especialmente cuando se trata de mujeres políticas. Completan la “honorable comisión” el diputado Rubén Figueredo y el senador Colym Soroka, ex abdistas.
Al senador Gustavo Leite, protagonista estrella y vocero principal de la pomposa “Comisión Bicameral de Investigación del Lavado de Activos, contra el patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos” se le escapó un audio enviado a un grupo de WhatsApp en el que revela las verdaderas intenciones. Para que quede plasmado en la historia de la ignominia de cómo un grupo político instrumenta las instituciones para perseguir y destruir a sus enemigos, vale transcribir textualmente parte de sus palabras:
“Las sanciones son retiro del RUC, cese de actividades… ellos querían UNAS BOLUDECES QUE PIDIÓ SANTI” (Peña, presidente de la República).
“Para nosotros el punto 6 y 7 era lo innegociable. Y nos plantamos sobre el final y vos ya sabés GRACIAS A QUIÉN TORCIMOS EL BRAZO...”.
“Y después también que los tres poderes pueden pedir informes y ellos están obligados a darnos y rigen las sanciones si no nos dan. Pero esto se va a trancar en institucionalidad en algún momento porque ellos no nos pueden dar el dato porque si nos dan el dato ellos mueren política y socialmente en Paraguay… por ahí va la cosa porque están absolutamente desgastados”.
“Hoy un oenegero es alguien que no quiere la transparencia, un incoherente que dice una cosa y hace otra. Tenemos que insistir por ese lado y por supuesto ventilar lo que tenemos”.
El audio de 59 segundos destruyó el trabajado relato de la CBI cimentado en “la transparencia y rendición de cuentas de las oenegés. “Nosotros no perseguimos a nadie, solo perseguimos la verdad”.
Leite quedó sin palabras, especialmente por ofender al presidente de la República, que puso en una situación incómoda al cartismo. Un primer golpe que lo dejó aturdido.
El nocaut vendría al día siguiente cuando se revela que él y su esposa manejan una ONG. ¡El cruzado contra las oenegés es oenegero! Como si fuera poco, la Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay, recibe fondos de la Itaipú Binacional y de Tabesa, la ex tabacalera de Horacio Cartes, sancionada por EEUU.
“Yo soy oenegero transparente y mi señora también”, se autodefinió con la palabra que él convirtió en lepra.
Es la historia del cazador cazado. Confesó que el objetivo es matar selectivamente a las ONG que marcaron con letra escarlata, que la filtración de datos para ensuciar el nombre de comunicadores íntegros por parte de sus sicarios mediáticos es parte de la campaña, además de proscribir a futuro a potenciales figuras políticas.
PARAR LA PELOTA. El audio de Leite obliga a las instituciones a tomar medidas para salvar la República. La CBI debe ser desmantelada. Y Peña no puede acompañar esta propuesta cuyo objetivo es destruir la sociedad civil.
La Cámara de Diputados aprobó en 53 segundos las modificaciones, sin debatir, arrasando como acostumbra el cartismo. Estos antecedentes obligan al presidente a vetar la ley. Demostró públicamente tener una opinión diferente porque sabe que está mal. Es un tema que lo obliga a imponer su liderazgo, que su posición no es una boludez.
A no ser que Peña quiera ser parte del selecto grupo de dictadores, como Maduro, Ortega, Putin y Orbán que han adoptado la misma ley.
