Si bien la semana pasada la Cámara de Diputados logró una histórica aprobación al pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este (CDE), en la misma sesión fueron rechazados otros cinco pedidos de comunas, lo que es una pequeña muestra de lo que por años ha sido la práctica común de la Cámara Baja, el blanqueo a sus caudillos locales.
La coyuntura política permitió que el pasado martes, luego de años de intentos, se logre intervenir la comuna esteña, ya que en el 2016 los diputados rechazaron un pedido de intervención.
En ese tiempo, hace apenas dos años, el liberocartismo dominante en la Cámara Baja y la presión del propio presidente de la República de entonces Horacio Cartes lograron dar un manto de protección al clan Zacarías.
El panorama actual dio un revés al cartismo y zacarismo con la llegada al poder de Mario Abdo Benítez, pero este cambio solo puso la mira en la comuna esteña y mantiene la vieja tradición de impunidad para los demás municipios cuestionados.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppantecedentes. El rechazo a los pedidos de intervención de las comunas de Mbocayaty del Yhaguy (en Cordillera), Ñumí (en Guairá), de Limpio (Departamento Central), Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) y La Colmena (Paraguarí) dado el martes pasado, es una muestra de la verdadera política en el Legislativo, que arrastra un legajo de varios rechazos a lo largo de los años, ya que generalmente los intendentes son caudillos políticos que cuentan con protección de sus padrinos en el Congreso.
En junio del año pasado, los diputados también rechazaron un pedido de intervención a la municipalidad de Lambaré, a cargo del llanista Armando Gómez, quien también salió beneficiado con los votos liberocartistas.
En el año 2012, la Cámara de Diputados también rechazó el pedido de intervención a la Municipalidad de San Lorenzo, pese a las denuncias de corrupción que pesaban contra el intendente colorado Albino Ferrer, quien sigue al frente de dicha Comuna.
La Contraloría General de la República señaló un supuesto daño patrimonial por desvío de fondos de G. 12 mil millones detectados a través de una auditoría.
En el 2005, los diputados rechazaron la intervención de las municipalidades de San Alberto y Juan E. O’Leary, ambos del Departamento de Alto Paraná, nuevamente gracias a los votos de la aplanadora bancada oficialista de la ANR.
Ese mismo año, también hubo un pedido de intervención a la Municipalidad de Luque que los diputados rechazaron, pese a las denuncias de malversación por G. 600 millones. También se rechazó una intervención en Ypané ese año por parte de los diputados.
De los pocos antecedentes de aprobación de intervenciones en la Cámara Baja, está el dado en el 2007 en la municipalidad de Yabebyry (Misiones), administrada por el intendente colorado Numan Arrechea.
La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) también denunció ya en el 2013 que muchos de los diputados utilizan estas situaciones para chantajear a los intendentes y obtener ciertos beneficios.