La Contraloría General de la República (CGR) detectó más de 90 reportes de indicios de hechos punibles que fueron remitidos a la Fiscalía, y que eso representa un monto que supera G. 628.000 millones.
Eso fue lo que informó el titular, Camilo Benítez, quien entregó su informe anual al Congreso, acompañado del subcontralor Augusto Paiva.
Hizo referencia a las irregularidades detectadas en algunas instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, por no coincidir los balances, por lo que se sospecha de fraude.
En el caso del Ministerio de Salud Pública (MSP) especificó el caso de que a pesar de que se contaba con un presupuesto de G. 70.000 millones para la compra de medicamentos oncológicos, solo se ejecutaron G. 13.000 millones.
“El MSPyBS contaba con un presupuesto vigente en el ejercicio fiscal 2020 de G. 73.186.669.176 para la compra de productos e instrumentos químicos y medicinales, correspondiente al proyecto denominado Atención a la población con enfermedades oncológicas Incán, del Programa Servicios Hospitalarios para la reducción de la morbimortalidad”, refiere la conclusión de la Contraloría.
“Sin embargo, lo ejecutado fue de G. 13.446.038.984, representando apenas el 18% de ejecución, situación que no condice con lo establecido en el artículo 1 y 18 de la Ley de Atención a las Personas con Cáncer”, indica el informe.
Además, se agrega parte de un documento del propio Ministerio de Salud, en el que se señala que “durante el año 2019 se produjeron 25.730 muertes en Paraguay, siendo la mortalidad por cáncer la segunda causa más frecuente”.
“El número de muertes debido al cáncer en Paraguay fue de 5.089 casos”, es lo que señala el reporte de Salud, que transcribió la CGR.
La Contraloría concluye que “se denotó la inacción”, y que se dejó “desprotegidos a los pacientes aquejados con esta enfermedad para el acceso al tratamiento oportuno y una atención digna e integral”.
Lista negra. El contralor citó entre los que figuran en los reportes sospechosos a la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandiyú, Ministerio de Educación, Municipalidad de Azotey, Crédito Agrícola de Habilitación, Secretaría de Emergencia Nacional, Senacsa y Essap. También la Municipalidad de Arroyito, Senave, Estadísticas y Censos, Municipalidad de Independencia, ANDE, Municipalidad de Pirayú, Senasa, Municipalidad de Jesús, Senatur, Indert e IPS Ciudad del Este.
Defensoría e Interior. A modo de ejemplo, Benítez refirió que en la Defensoría del Pueblo se cuestiona la utilización de combustible sin respaldo en el balance, así como el cobro de carnet de objetor de conciencia, entre otras irregularidades.
En el caso de Interior, remarcó que en el activo declarado no hay coincidencia con lo que se encuentra en el inventario, por lo que se podría tratar de fraude.
Mencionó que las calificaciones óptimas en cuanto a la ejecución presupuestaria son para el Legislativo, “gracias a Dios”, el Poder Judicial y la institución a su cargo.
Dijo que el Poder Ejecutivo y otros organismos del Estado recibieron aceptable, alegando que tienen ejecutado más del 70% pero menos del 90%.
Entre los que recibieron calificación baja están INTN, Incoop, Correo, Cones, Aneaes, Puertos, Petropar, Fondo Ganadero, Ministerio de Tecnología e Información, Caja de Jubilaciones de la ANDE y Caja del Ministerio de Defensa.
628.000 millones es el monto que maneja la CGR en relación a los casos de reporte de indicios de hechos punibles.
73.000 millones tenía el Ministerio de Salud para compras de medicamentos oncológicos, pero solo ejecutó 18%,
