Katia Gorostiaga es socióloga, analista, docente e investigadora. En esta nota, analiza los abusos del Congreso Nacional, la falta de fuerza de la oposición, el gobierno de Peña y el copamiento de poderes.
EL CONGRESO Y SU MAYORÍA
La analista y socióloga Katia Gorostiaga dijo que actualmente “tenemos un Congreso que no necesariamente representa los intereses reales de la ciudadanía en su conjunto, ni siquiera los de sus propios votantes”. Mencionó que sin entrar a hacer juicios de valor sobre las decisiones que toma el Congreso, lo que debe preocupar a la ciudadanía, y a lo que debe prestar atención, es a los motivos que llevan a esta mayoría a tomar las decisiones. “¿Lo hace a favor de la ciudadanía en su conjunto o lo hace a favor de intereses particulares? En el primer caso, no habría inconvenientes. Lo realmente preocupante es cuando, aprovechándose de la mayoría, toman decisiones que responden a intereses que son ajenos a la ciudadanía toda. Y, por lo menos en apariencias, eso es lo que está sucediendo en la actualidad”, explicó.
LA OPOSICIÓN
Gorostiaga, quien también es abogada e investigadora y docente, señaló que existen muchas causas por las cuales la oposición paraguaya tiene muy baja representación parlamentaria. Sostuvo que una de ellas es que no existe voto retrospectivo; es decir, no se evalúan las decisiones anteriores de los representantes a la hora de elegir.
“No hay figuras ni propuestas innovadoras. La oposición sigue candidatando a las mismas personas y las propuestas son las mismas. Tampoco se toman en cuenta los intereses de la franja etaria más joven que hoy en día te pueden dar vuelta los resultados electorales. Además de eso, aunque se hicieron intentos por superar las diferencias, la oposición últimamente llega muy fragmentada a las elecciones. Tampoco se puede omitir a las y los legisladores que fueron electos por un partido y ni bien asumido el cargo, se cambiaron de partido. Eso también debilita la representación de la oposición”, mencionó la analista.
PREBENDARISMO
Para Katia, las prácticas prebendarias, los cargos con salarios exorbitantes y las contrataciones por parte de la clase política, tanto en el Congreso como en instituciones del Estado, tienen un doble impacto. Por un lado, constituyen actos de dudosa legalidad y, por tanto, afectan a la credibilidad de la clase política. Señaló que esto genera desconfianza en los gobernantes de turno por parte de los ciudadanos y ciudadanas.
“Más allá de eso, este tipo de prácticas, que distraen los recursos económicos del Estado, afectan a la hora de satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, tales como la salud y la educación. Mientras que hay funcionarios y funcionarias con salarios elevados, existen maestros que apenas pueden llegar a las instituciones donde imparten clases por falta de recursos”, sostuvo. Aseguró que la clase política hoy en día, por lo menos en apariencias, está más enfocada en alcanzar o perseguir intereses particulares que intereses colectivos. “Y esto, quiérase o no, es un atentado a la democracia, a la seguridad jurídica y a la confianza ciudadana”, añadió.
EL TRANSFUGUISMO
Gorostiaga analizó el cambio de partido político de parte de varios actores políticos que se dieron durante el año y sostuvo que forma parte del libre albedrío de las personas. Sin embargo, cuando una persona ejerce un cargo público al que accedió a través de los votos depositados, postulando desde un determinado partido político, podría considerarse, hasta si se quiere, como una falta a la confianza otorgada por quienes los votaron.
“Existen casos donde se da porque dejan de estar de acuerdo con las decisiones de su partido político. Asimismo, existen muchos casos donde las ofertas recibidas por parte del partido político al que se pliegan después de haber sido electos resultan atractivas”, sostuvo.
COPAMIENTO
Aseguró que el copamiento de poderes tiene un lado positivo y uno negativo. “El positivo es que facilita la gobernabilidad. Cuando todos los órganos responden a un mismo signo político, las decisiones, principalmente las del Ejecutivo, son más fáciles de ser ejecutadas. Sin embargo, este copamiento, a la vez, impacta en el modo en el que se toman las decisiones. No hay debate, no se escuchan las opiniones distintas, entre otras cosas. Pero lo verdaderamente grave de este copamiento es que las decisiones no siempre responden al interés de la ciudadanía, sino a intereses particulares del gobierno de turno. Ese copamiento, además, se utiliza con frecuencia como un medio de pago de favores, o bien, como un mecanismo de presión”, expresó.
NARCOPOLÍTICA
Mencionó que si bien la narcopolítica está instalada en casi toda América Latina, y al ser un fenómeno regional, la lucha contra esta resulta harto difícil, se tienen todos los elementos para dicha lucha. “Bastaría con cumplir las leyes y reflexionar a la hora de elegir a los gobernantes. Una de las dificultades mayores que se observan en dicha lucha, o que podría servir a dicho fin, es el control del financiamiento político. No se controla efectivamente de dónde surgen los fondos para financiar las campañas políticas. Cada cinco años se ven diferentes tipos de estrategias utilizadas para captar los votos cuyos costos, claramente, sobrepasan lo que declaran los partidos políticos respecto de sus gastos en campaña. ¿De dónde surgen esos fondos?”, cuestionó la abogada.
PEÑA
A su parecer, el presidente responde a quienes lo pusieron en el cargo y estos no necesariamente son los votantes. “En apariencias, el titular del Ejecutivo responde más bien a las decisiones que toman las autoridades de su partido, olvidándose de que es el presidente de todos los paraguayos y paraguayas, y no únicamente de quienes están afiliados a su partido. Existen constantes cambios de decisión, cambios en el sentido de sus declaraciones, dilación en la promulgación de leyes, entre otras cuestiones que son bien conocidas. Penosamente, esto afecta la credibilidad que se tiene en el titular del Ejecutivo, a la par que mina la autoridad que se supone debe tener la máxima autoridad nacional”, manifestó.
