De hecho, los parlamentarios siguen sin inmutarse ante las múltiples escenas de corrupción pública y de poca transparencia, y continúan rechazando o dilatando aquellas iniciativas que apuntan a mejorar el Estado. Por ejemplo, en las últimas semanas aplazaron el estudio del proyecto que recorta los gastos innecesarios en el Estado; se opusieron a la publicidad de las declaraciones juradas; aprobaron un presupuesto superfluo para la Fiscalía; y dilataron el plan para aumentar penas contra la corrupción pública.
“Los diputados con su gestión están haciendo muy poco favor al proceso de transparencia y de combate a la corrupción que la sociedad hoy en día exige más que nunca. Actúan así justo en tiempos de crisis sanitaria, en momentos de un estado de emergencia, que le ha costado a un amplio sector de la ciudadanía un esfuerzo muy importante en términos de ingreso, y en muchos casos en términos de sueños truncados, de negocios, empresas, de un montón de emprendimientos y esperanzas que con esta pandemia se vinieron abajo”, lamentó Filártiga.
Advirtió que la ciudadanía espera de la clase política gestos diferentes, “excepcionales”. “Se afirma que ante situaciones excepcionales como las que estamos viviendo uno también espera respuestas políticas excepcionales. Lastimosamente la Cámara de Diputados con estos proyectos que rechaza o posterga lo que hace básicamente es no favorecer al proceso de transparencia por un lado, pero también de reforma del Estado”, cuestionó el jurista.
Admitió que la reforma del Estado no se agota en el recorte de salarios y de privilegios, pero aclaró que es una parte importante racionalizar el gasto público.
DATOS. El analista recordó los datos del Banco Mundial (BM) donde justamente se destacan las altas remuneraciones del Estado paraguayo, que representan el 87% de los ingresos tributarios de 2019. “El BM dice que es el resultado de las altas remuneraciones no tanto de un exceso de empleados”, precisó.
Insistió que es importante que la clase política comprenda los tiempos en que vivimos, porque la pandemia evidenció las limitaciones de nuestro Estado, que constitucionalmente se define como Estado Social de Derecho, pero que en realidad, producto del malgasto público, de la corrupción y de la falta de equidad tributaria, “es un Estado que hoy no es capaz de satisfacer los derechos fundamentales de todo ciudadano”.
“La clase política, en lugar de posicionarse en relación a estas necesidades, y tratar, con su gestión actual, de poder favorecer un proceso de transparencia y reformas estructurales del Estado, lo que hace es postergar de vuelta estas reformas”, criticó Camilo Filártiga.
La Cámara de Diputados no favorece el proceso de transparencia, pero tampoco de reforma del Estado. Camilo Filártiga, analista político.
